Transparencia, corrupción y el papel del contador público

En un marco regulatorio de control interno, el contador debe adaptarse para fiscalizar y auditar a las instituciones públicas, lo cual es clave importante para combatir las prácticas negativas.

A medida que se busca evaluar con precisión la corrupción, esta se basa en calcular los ingresos o costos de una empresa. Entre los intentos por medirla, el más aceptado es el Índice de Percepción realizado por Transparencia Internacional (TI). En dicho índice, México ocupa el lugar 135 de los ‘menos corruptos’, es decir, se percibe más corrupto que otras economías emergentes como Turquía, Brasil, Egipto e India.

Tanto en la literatura académica como en la opinión pública, se habla de los altos costos de la corrupción y del daño que causa a la sociedad. Si bien es un fenómeno presente en muchos países, el problema es particularmente grave en México debido a que estas conductas han permeado a las instituciones y se han convertido en la regla.

Las consecuencias de los actos de corrupción pueden ser tan graves como los documentados en la Ciudad de México después del sismo del 19 de septiembre de 2017, donde algunos mexicanos sufrieron consecuencias letales debido a las construcciones fuera de las especificaciones de protección civil, como el helipuerto en la calle de Nuevo León 238 o el jacuzzi en la escuela Rébsamen.

Desafortunadamente, no fue la primera vez que los actos de corrupción terminaron con vidas humanas, como indica Max Kaiser: “Una de las cosas terribles que nos dejó el caso de Ayotzinapa es precisamente eso, que la corrupción mata cuando un cuerpo de seguridad está relacionado con el crimen organizado”. La corrupción del día a día puede parecer poco importante; sin embargo, afecta la credibilidad de las instituciones, lo que se traduce en mayores costos de financiamiento y menor inversión para el país. El propósito de este ensayo es analizar las teorías sobre corrupción y proponer al contador público como pieza clave en la solución del problema.

Corrupción como concepto

De acuerdo con TI, corrupción es “el abuso del poder para beneficio propio. Puede clasificarse en corrupción a gran escala, menor y política, según la cantidad de fondos perdidos y el sector en el que se produzca”. Con el fin de precisar el concepto, debe diferenciarse de otros términos desarrollados en ciencias sociales que a veces se usan de manera indistinta.

La corrupción relacionada con el soborno –el moche o mordida, como se dice en México– es distinta del cabildeo y de los buscadores de rentas (rent-seekers), por ejemplo. El cabildeo es una práctica legal que utiliza los recursos de algunos privados para favorecer a toda una industria, cambiando leyes de carácter general.

En cambio, la corrupción sólo beneficia a la persona que soborna y no cambia las reglas para otros ciudadanos en la misma situación legal. Por un lado, durante el primer año de la administración del presidente Trump, las empresas en Estados Unidos de América gastaron 3,9 millones de dólares en 50 mil casos, para tratar de influenciar las decisiones sobre comercio e impuestos.

Por otra parte, los rent-seekers se apropian de recursos, legalizando la extracción de rentas. Ejemplo de ello son las licencias y regulaciones injustificadas sobre los servicios de transporte o taxis. La regulación no justificada de licencias limita la oferta, mantiene cautivos a los consumidores y permite la apropiación de rentas. El beneficio es para todo un grupo que busca protección legal, caso diferente al de la corrupción.

Además del ámbito público, la definición de corrupción de TI puede ampliarse para incluir actos corruptos de los privados. Una propuesta al respecto es la de Rivera Loret de Mola, director ejecutivo de una OSC dedicada a construir una ciudadanía para fortalecer la democracia en México, que clasifica esos actos en “corrupción de ellos, nosotros y todos”.

En ese sentido, puede observarse que existe una justicia selectiva al referirse a los actos corruptos de los otros como trampa u oportunismo, mientras que al aludirse a los actos personales se usan adjetivos como habilidad y astucia.

Corrupción, los orígenes

Las explicaciones tradicionales sobre el origen de la corrupción se ubican en un espectro entre las explicaciones culturales y las explicaciones racionales. De la escuela de pensamiento institucionalista, Avner propone tres categorías para clasificar las explicaciones sobre la calidad de las instituciones. La primera, con gran inclinación a la explicación cultural, es que las reglas del juego están dadas y poco pueden hacer las personas para cambiarlas. La segunda categoría, a la mitad del espectro, es la estructural, debido a que las instituciones se determinan por las características iniciales de una sociedad.

Por ejemplo, un país rico en recursos naturales tendrá muchas personas tratando de apropiarse de ellos; las instituciones se muestran débiles al permitirlo a algunos y, cuando los recursos se acaban, las instituciones permanecen débiles por su origen. La tercera categoría, inclinada a los incentivos, es funcional, ya que las instituciones son producto de la voluntad general, debido a que estas son resultado del conjunto de decisiones individuales. Una de las explicaciones preferida (ubicada a la mitad del espectro) es el modelo de demanda por un estado de derecho, de Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía.

Aunque no fue pensado originalmente para describir actos de corrupción, es útil para entender que existe una oferta y una demanda por dichas prácticas. En el modelo de Stiglitz, los individuos primero deciden crear valor o saquear activos y después votar por el estado de derecho que quieren tener. Quienes se inclinan por saquear prefieren un estado de derecho débil, mientras que los que crean valor eligen un estado de derecho fuerte.

Existen dos emplazamientos de equilibrio, una sociedad se encontrará en alguno de esos dos según las habilidades que tengan las personas para crear valor o saquear, así como de las expectativas que cada individuo tenga sobre las decisiones de los demás. El primer equilibrio resulta de una mayoría que decide crear valor y que piensa que los demás elegirán lo mismo, por tanto, se promueve un estado de derecho fuerte.

En el segundo equilibrio sucede lo contrario, se sospecha que se optará por saquear, y el resultado que se obtiene es el de un estado de derecho débil. En términos de corrupción, ese modelo es equivalente a participar o no en actos corruptos y, posteriormente, valorar la efectividad de las instituciones en su labor de perseguir y castigar a la corrupción. Si se cree que la mayoría se inclinará por conducirse de manera corrupta, también se preferirá participar en actos corruptos y se adoptarán instituciones débiles. En esta explicación, el nivel de corrupción elegido se hace de forma racional, aun cuando puede existir un elemento cultural en la generación de expectativas.

En resumen, el nivel de corrupción es una profecía auto cumplida que depende tanto de las decisiones de cada individuo y de sus expectativas sobre la corrupción de su país, así como de sus habilidades para participar en actos corruptos.

Para combatir a la corrupción

Entre las razones para combatir a la corrupción se encuentra el argumento ético de igualdad ante la ley. Desde un punto de vista más pragmático, se busca que las instituciones den certidumbre y no se recurra a prácticas corruptas para convivir. Existen dos posturas sobre las consecuencias de este fenómeno. La primera es que la corrupción puede promover la economía cuando existen muchos trámites burocráticos, mientras que la segunda argumenta que en el largo plazo estas prácticas afectan más de lo que pueden conceder.

Los estudios empíricos demuestran que si la corrupción es sistémica, se reflejará en un mayor nivel de incertidumbre, menor inversión y un bajo crecimiento económico. Al final, medido en agregados macroeconómicos o considerando el día a día de las empresas y personas, la corrupción daña más de lo que beneficia. En los últimos meses se ha incrementado la incertidumbre en torno a un mayor proteccionismo y las tensiones geopolíticas.

El panorama de México es más grave debido a que no ha logrado fortalecer sus instituciones. En ese contexto, el país está en un punto de inflexión donde puede elegir mejorar sus instituciones o continuar con una corrupción institucionalizada y sus consecuencias.

Solución

Las herramientas de solución dependerán del marco teórico que se adopte. Si se piensa que es un problema cultural, la solución radicará en hacer fuertes campañas de reeducación. En cambio, si se acepta una visión totalmente racional, se preferirá aumentar la magnitud de los castigos, al mismo tiempo que se incrementará la probabilidad con el fin de cumplir y reducir los actos de corrupción.

Esas dos soluciones son preventivas y llevadas al extremo, lo que implicaría que el éxito al combate de la corrupción radique en vigilar y reportar cada actividad de los funcionarios. No obstante, ese escenario no es deseable porque implementarlo sería muy costoso y no habría un plan de acción para eventos posteriores. Otra característica deseable de la solución es que sus costos no excedan los beneficios. En ese sentido, Nieto Morales, vocero del comité de acompañamiento ciudadano, argumentando ineficacia y altos costos, está en contra de la visión tradicional de monitoreo.

Recientemente, ha surgido una corriente que coloca a la corrupción al nivel de un accidente. Esa teoría deja a un lado los orígenes para concebirla como un problema normal, es decir, un posible acontecimiento al que se está expuesto constantemente. Entender así el fenómeno de la corrupción es equivalente a compararlo con un accidente de auto, un evento que puede suceder y para el cual se debe estar prevenido.

Al definir los actos de corrupción como accidente, la solución se limita a mitigar las consecuencias cuando estos suceden. Sin embargo, el extremo de esta visión es un programa de contingencias reactivo que solo actúa después de que se descubren los hechos de corrupción, lo que tampoco es deseable porque existen maneras de prevenirlos, como la generación de incentivos.

La solución es sin duda más compleja en la práctica que en la teoría debido a que la corrupción es multifactorial. Sería iluso pretender reducir la corrupción con una sola estrategia, porque se manifiesta en formas que exigen tratamientos diferentes. En la práctica, un cambio en las reglas debe acompañarse de una campaña de educación que comunique los objetivos y las estrategias para alcanzarlos. Una solución integral se asemeja a la implementación de buenas prácticas de control interno para la prevención de fraudes.

La solución desde esta visión toma en cuenta la identificación de posibles actos, la prevención y el monitoreo, sin dejar de lado las estrategias para cuando ocurren los eventos. Además, esta solución tiene componentes de diferentes visiones, pues incluye probabilidad de detección, monitoreo constante, comunicación de los objetivos y estrategias de mitigación.

Ventajas comparativas del contador público

El papel del contador público toma mayor relevancia en el combate a la corrupción dentro de las organizaciones porque la profesión tiene ventajas comparativas al implementar herramientas que previenen razonablemente los fraudes.

Un marco de control interno reduce la exposición de una empresa a ciertos sucesos, pues conlleva un ambiente de control, administra riesgos y promueve actividades de supervisión. El marco regulatorio de control interno más aceptado es COSO, que publica el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway. Este marco puede adaptarse para fiscalizar y auditar instituciones públicas, lo cual es clave para reducir la corrupción. Ningún marco de control interno logrará reducir a cero los actos de corrupción ni los fraudes porque ningún sistema es infalible, basta recordar los fraudes en firmas multinacionales como Volkswagen y HSBC, pero es necesario señalar que gracias al control interno se detectaron y castigaron.

En los últimos años se han adelantado esfuerzos para combatir la corrupción en México: se aprobó el Sistema Nacional Anticorrupción en 2016, se obligó a los funcionarios a presentar su declaración patrimonial y la Auditoría Superior de la Federación publicó un Marco Integrado de Control Interno que deben cumplir las dependencias a nivel municipal, estatal y federal. Sin embargo, México vive una paradoja, pues aunque existen acciones para el combate a la corrupción, estas no han tenido el éxito deseado.

La falta de confianza en las instituciones y falta de percepción de un cambio puede deberse a varios factores. Una explicación es que la implementación de las soluciones ha sido lenta y no se han materializado los beneficios. Otra razón es que falta una adecuada difusión de información, lo que también lleva a proponer al contador público como pieza clave en la solución. La profesión contable ha implementado marcos de control interno en el ámbito privado, además cuenta con la formación para comunicar y sintetizar información para la adecuada toma de decisiones. Por lo tanto, es responsabilidad de la profesión contable poner en marcha las mejores prácticas de control interno para combatir a la corrupción, pero también comunicarlas a la mayoría de la población.

Cambios relevantes en la actitud de la sociedad hacia temas específicos pueden empezar dentro de un gremio, tal como el caso documentado por la profesión médica en 1847, sobre la higiene en las manos. En esos años, una de cada seis mujeres moría después de dar a luz en un hospital, la tasa de mortalidad era absurdamente alta; incluso, las madres que daban a luz fuera de un hospital tenían mayores probabilidades de sobrevivir. El problema era la falta de higiene de los doctores, pues atendían partos después de ver a otros enfermos o tras estar en contacto con cuerpos en descomposición, lo que infectaba a las mujeres y les causaba la muerte. Con el tiempo, la profesión médica se volvió rigurosa en la higiene y hoy los pacientes exigen manos limpias y material esterilizado.

A pesar de las notables diferencias que existen entre los gérmenes en las manos y la corrupción, la lección del gremio de los doctores es que el compromiso con la implementación de buenas prácticas puede mejorar de manera significativa las condiciones de vida de toda una sociedad. Cabe la posibilidad de que el nivel de corrupción y el estado de derecho en México sea el que en efecto se demanda. No obstante, los recientes esfuerzos para combatir actos de corrupción indican lo contrario. En ese contexto, la profesión contable debe ser pieza clave en el combate a la corrupción porque entiende los aspectos de control, prevención, auditoría y monitoreo, al mismo tiempo que cuenta con la formación para proporcionar información de forma comprensible, pertinente y confiable.

 Fuente: Veritas online

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