Se necesita una reforma a la revisoría fiscal y también a la regulación de la profesión

Mientras celebramos el día del contador y hacemos extensivas nuestras más sinceras felicitaciones a todos aquellos que con su compromiso, sacrificio, pasión y dedicación dan confianza a dueños, socios, inversionistas y al mercado en general; se hace necesario analizar los riesgos que afronta la profesión, donde la revisoría fiscal se erige como uno de los más latentes.

Son muchas las opiniones sobre este tema y aún más las inquietudes que surgen desde distintos sectores, por lo que el presidente del Instituto Nacional de Contadores Públicos – INCP, Hugo Francisco Ospina, voz experta que analiza este panorama hace varios años, dio algunas consideraciones sobre la reforma que pide a gritos la revisoría fiscal en Colombia.

En primer lugar, el doctor Ospina soporta la anterior aseveración diciendo que:

La revisoría fiscal es un órgano societario que tiene su origen en la Ley 58 de 1931, posteriormente modificado por la Ley 73 de 1935 y otras normas posteriores, y aunque en principio su objetivo era proteger los bienes de terceros e inversionistas, desde hace algunos años «no solo en Colombia sino en todo el mundo» su papel es el de protector del interés público” lo que supone un replanteamiento estructural.

Luego se abre el debate sobre si, además de una reforma a la revisoría fiscal, también debe plantearse un cambio en la regulación de la profesión ya que:

A pesar de la evolución de los negocios, su complejidad, el avance tecnológico y la globalización de los mercados de capitales, el Código de Comercio no ha cambiado, generando muchos problemas para los profesionales de la contaduría pública al tener que responder a los requerimientos internacionales y regulaciones globales con una legislación que incluye normas para las necesidades de otras épocas a la par de estándares modernos de información financiera y de aseguramiento de la información. Esa situación es altamente inconveniente y merece una reforma urgente.

A esto se suma el que se haya generalizado entre la opinión pública una percepción de mediocridad e incompetencia por parte de algunos profesionales contables, debido, en gran parte, a la falta de unificación en los estándares de educación y a la no obligatoriedad de un seguimiento, evaluación y actualización permanente que garanticen un mínimo de calidad.

Debe garantizarse la separación de la fiscalización del aseguramiento sobre la información, y la independencia de quien ejerza esta labor de cualquier stakeholder de la compañía a la que presta sus servicios (aunque se trate de organismos de control y vigilancia), asegura Hugo Ospina.

Por último, se plantea un debate sobre varios interrogantes que deben aclararse para bien de la profesión   y la sociedad. Por ejemplo, teniendo en cuenta las distintas normas legales -de tipo comercial, tributario, laboral, ambiental, penal, entre otras- que afectan el ejercicio de la revisoría fiscal, ¿se hace necesario separar las funciones de “revisoría fiscal” para fortalecer su funcionamiento y permitir mayor eficiencia en cada una de estas actividades?, o si ¿La vigilancia y control de los Contadores Públicos debe ser actualizada a las necesidades presentes?, teniendo en cuenta que, entre otros, a todas luces no parezca razonable que con una planta de tan solo 11 funcionarios, la Junta Central de Contadores (JCC) deba vigilar a más de 250.000 contadores matriculados, sin contar un número semejante de estudiantes que en los próximos años solicitarán su matrícula.

Una reforma a la estructura de la JCC y a la forma cómo se manejan los procesos disciplinarios es conveniente.

Redacción INCP a partir de entrevista realizada a su presidente, Hugo Francisco Ospina.

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