¿Nuevas responsabilidades penales para las empresas?

Por donde se le mire, la corrupción es mal negocio tanto para el sector público como privado. En relación con el primero, porque afecta gravemente el cumplimiento de cometidos estatales de rango legal y constitucional, entre ellos, la prestación de servicios públicos esenciales o la realización de obras de infraestructura vitales para el desarrollo y competitividad del país. En cuanto al segundo, rezaga su competitividad al destinar recursos y personas a transacciones ilícitas que no solo comprometen la reputación y posición de las empresas dentro del mercado, sino que las expone a duras sanciones.

Precisamente en este último campo, el de las sanciones, cabe destacar que se han radicado en el Congreso dos iniciativas encaminadas a regular la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia. Se trata de los proyectos de ley 117 y 119 de 2018.

El primero de ellos, el 117, establece que las personas jurídicas deberán responder por delitos contra la administración pública, el medio ambiente, el orden económico social y otros como financiación del terrorismo y grupos de delincuencia organizada y todos aquellos que atenten contra el patrimonio público. Dicha responsabilidad penal será atribuida a los representantes legales, revisores fiscales, contadores, auditores, socios, accionistas de sociedades anónimas de familia, administradores, directivos y asimismo, a quienes realicen actividades de administración y supervisión, advirtiéndose que las personas jurídicas no serán responsables en aquellos casos en que las personas naturales citadas hubieren cometido delitos exclusivamente en ventaja propia o de un tercero.

Ahora bien, la responsabilidad de la persona jurídica es autónoma de la responsabilidad penal de las personas naturales y de la responsabilidad administrativa que surja en virtud de la ley que regula esta última materia, la 1778 de 2016.

Por último, el proyecto de ley 117 de 2018, establece distintas categorías de sanciones como multas, remoción de administradores, directores o representantes legales, prohibición de ejercer cierta actividad económica y de celebrar actos y/o contratos con las entidades del Estado o en las que éste tenga alguna participación, pérdida parcial o total de beneficios fiscales y cancelación de la persona jurídica y su registro inmediato. Como sanciones accesorias, la iniciativa incluye la publicación de la parte resolutiva de la sentencia en un diario de amplia circulación nacional (algo que bien podría considerarse como una especie de “muro de la infamia empresarial”); y el decomiso de bienes, efectos, objetos, documentos e instrumentos que hayan sido producto del delito.

Las sanciones sociales

En cuanto al proyecto de ley 119 de 2018, establece unas sanciones que podrían denominarse “sociales” o “simbólicas” pero no por ello menos importantes. Entre ellas cabe destacar la inhabilidad para ejercer labores de docencia o de cualquier otra índole académica en colegios o instituciones de educación superior durante el mismo tiempo de duración de la pena, la obligación de hacer trabajo social en actividades con visibilidad pública, y exposición en los llamados “muros de la corrupción” y en las páginas de acceso a la información del Estado. Esta iniciativa, también reconoce beneficios económicos a las personas naturales o jurídicas que denuncien ante la autoridad competente delitos contra la administración pública, y que colaboren efectivamente con la entrega de pruebas idóneas en el marco de los procesos que se adelanten.

Comités de ética

Uno de los mecanismos preventivos más importantes al que pueden acudir las empresas es la constitución de comités de ética permanentes dentro de su estructura organizacional.  Si lo hacen antes de la comisión de un delito (incluso sin estar obligadas a ello) con pleno cumplimiento de los requisitos técnicos y de eficacia establecidos por la Superintendencia de Sociedades, podrán alegarlo como una circunstancia atenuante. Por el contrario, la no implementación del comité de ética empresarial (teniendo la obligación de hacerlo) o en su defecto, haberlo implementado sin cumplir los requisitos técnicos y de eficacia establecidos por la Supersociedades, se considerará una circunstancia de agravación a la luz de la ley penal.

En este punto vale decir que según el proyecto de ley 117 del 2019, dentro de los seis meses siguientes a su entrada en vigencia, la Supersociedades podría definir, mediante reglamento, qué sociedades están obligadas a implementar programas de ética empresarial, así como las características, elementos, requisitos, procedimientos y controles mínimos que deberán tener dichos programas. En esencia, se diseñarán e implementarán con enfoque de riesgo y deberán ser útiles para la detección, prevención y reporte de operaciones sospechosas que puedan tipificarse como delitos imputables a las personas jurídicas. De igual manera, la Supersociedades tendría competencia para establecer (por vía administrativa y no penal) el régimen sancionatorio aplicable a las personas jurídicas que incumplan la obligación de implementar un programa de ética empresarial.

Será interesante hacer un seguimiento detallado a los debates que sobre este tema, se darán en el Congreso, máxime cuando el Código Penal vigente ya establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas y, en casos excepcionalísimos, admite la responsabilidad del representante legal de una sociedad, como ocurre por ejemplo en el tipo penal de omisión de agente retenedor o autorretenedor (artículo 402 de la Ley 599 de 2000). También cabe recordar que la sentencia C-843 de 1999, proferida por la Corte Constitucional, planteó la posibilidad de la existencia de responsabilidad penal para las personas jurídicas cuando incurran en conductas relacionadas con delitos ambientales.

Por lo anterior, los proyectos de ley 117 y 119, ambos a la espera de segundo debate en la Cámara de Representantes, constituyen iniciativas de enorme importancia para enfrentar la corrupción, un problema estructural que afecta gravemente el accionar estatal y la legitimidad de cualquier régimen democrático, y al mismo tiempo la productividad y competitividad del país.

Fuente: Natalia Escobar –  Dinero 

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