¿Son las actuales propuestas de modificación de la revisoría fiscal lo que realmente se necesita en Colombia?

Desde tiempos inmemoriales la Superintendencia de Sociedades ha intentado reformar la revisoría fiscal en Colombia, fallando en su intento en numerosas ocasiones. A pesar de estos intentos infructuosos, la superintendencia se encuentra organizando mesas de discusión para reformar la Ley 222 de 1995, incluyendo modificaciones a la revisoría fiscal y por ende a ciertos artículos claves del Código de Comercio. Para Daniel Sarmiento Pavas, Socio Director ACS-SMS Colombia, esta es una oportunidad de oro para actualizar la revisoría fiscal de Colombia al siglo XX. Sin embargo, el ex consejero del CTCP cree que las diferencias conceptuales podrían generar contradicciones en el texto relacionado, que ocasionarían problemas en la práctica; pudiendo perderse así una gran oportunidad para poner a tono la revisoría fiscal del país.

En razón a ello, Daniel Sarmiento Pavas hace una serie de consideraciones que se presentarán a continuación. En primera instancia, considera que el hecho de que la Superintendencia de Sociedades cuente con la facultad de “unificar e interpretar las reglas de contabilidad a que deben sujetarse las sociedades comerciales sometidas a su inspección, vigilancia y control”, sobrepasa el espíritu de la Ley 1314 al afectar el debido proceso, desvirtuando la labor del Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP). Así las cosas, Sarmiento cree que: “lo que se debe buscar es la coordinación y no la imposición, fortaleciendo grupos como la Comisión Intersectorial y el Super 10. No debe olvidarse que la facultad de interpretación de la Superintendencia según la Ley 1314 de 2009 es subsidiaria a la normatividad técnica”.

En segundo Lugar, Sarmiento Pavas asegura que de manera continua la tendencia normativa es imponer al revisor fiscal nuevas responsabilidades de certificación, acciones que lo alejan de su función evaluadora; acercándolo así una función puramente notarial. “Este tipo de funciones apéndice no generan valor y sí comprometen la independencia del revisor fiscal, especialmente en asuntos puramente administrativos.”, aseguró el Socio Director ACS-SMS Colombia.

En tercera instancia, Daniel Sarmiento considera que: “la forma de redacción en la propuesta pone en la misma bolsa al revisor fiscal y a los administradores, cuando son funciones totalmente diferentes.”; “la propuesta no incluye ninguna salvedad para decidir estas sanciones e incluso tampoco prevé consecuencias distintas para ambos tipos de funcionarios.”, siendo ,así, correcto para Sarmiento indicar en el articulado que , en el caso del revisor fiscal, la sanción debería aplicarse cuando él no haya informado a la dirección de la entidad o a la superintendencia.

En cuarto lugar, el profesional cree que no son suficientes las disposiciones de los marcos técnicos normativos de información financiera, al estar dirigidos a la presentación de información financiera y no a la contabilidad. En razón a ello, cree que: “si este proyecto se vuelve norma antes de que el CTCP efectúe el debido proceso y se emita el decreto correspondiente, se corre el riesgo de generar un vacío jurídico porque ni siquiera hay claridad sobre los artículos vigentes del Decreto 2649 de 1993”, asegurando también que tanto él cómo la organización que representa están de acuerdo en que la regulación cuya derogatoria se propone es obsoleta y debe restructurarse, teniéndose cuidado con el posible impacto generado por la expedición normativa.

Para finalizar, el doctor Sarmiento realizó un análisis sobre las modificaciones de los Artículos 203 a 207 del Código de Comercio, expresando a modo de comentarios generales, que no existe claridad en lo que se desea alcanzar con esta propuesta, considerando así que estas medidas son de carácter aislado y no obedecen a un estado profundo de la revisoría fiscal. Además, analizó la naturaleza misma de la revisoría fiscal concluyendo que en Colombia no existe una definición legal del término, lo cual para Sarmiento: “es el origen de las posiciones tan polarizadas que hay en el país, y que fluctúan entre considerarla como una actividad de fiscalización pura, y una de aseguramiento puro “. A modo de comentarios específicos, Daniel Sarmiento reflexiona sobre quienes deben tener una revisoría fiscal, asegurando que: “La obligatoriedad propuesta luce arbitraria y esto ocurre precisamente porque esos asuntos generales que tocamos atrás no están considerados. Si pensamos en la generación de confianza pública, la decisión que se está tomando deja de lado la obligatoriedad de la función en ciertos tipos de entidades que son muy vulnerables a este fenómeno”.

Redacción INCP a partir del artículo publicado por Daniel Sarmiento Pavas, socio director de ACS-SMS Colombia*. 

Para mayor información, puede leer el artículo:” Propuesta de modificaciones a la revisoría fiscal: ¿Será lo que se necesita?”, de la fuente Daniel Sarmiento Pavas, socio director de ACS-SMS Colombia*. 

Propuesta de modificaciones a la revisoría fiscal: ¿Será lo que se necesita?

No sé qué número será el intento que está liderando la Superintendencia de Sociedades para reformar la revisoría fiscal. Desde los años 80, cuando éramos estudiantes de contaduría, hemos visto incontables intentos de reforma que han fracasado una tras otra, incluyendo uno que hicimos cuando quien escribe pasó por la Junta Central de Contadores y el Consejo Técnico de la Contaduría Pública.

En esta ocasión la Superintendencia ha organizado unas mesas de discusión con diferentes actores, no exactamente para un proyecto en este campo, sino para reformar la Ley 222 de 1995, pero al hacerlo, incluye la revisoría fiscal y modifica artículos claves del Código de Comercio.

Aunque apenas las mesas están iniciando discusiones, a nuestra manera de ver, las propuestas no están en un contexto conceptual coherente y generan varias contradicciones en el texto que ocasionarían problemas en la práctica.

Por otro lado, se desaprovecharía una magnífica oportunidad para poner a tono la revisoría fiscal con las exigencias del mundo del siglo XXI y a cambio, se conserva mucha de la fraseología arcaica de los años 30, perpetuando la mezcla de modelos a la que siempre hemos hecho referencia.

En el análisis sucinto que hacemos a continuación, incluimos algunos puntos de vista personales, en especial en lo atinente a las implicaciones para la revisoría fiscal, pero también hacemos referencia a algunos otros asuntos que consideramos importantes. Cabe anotar que no se trata de descalificar el proyecto, porque hay algunas cosas que compartimos. Por eso, cuando estemos de acuerdo, también lo indicaremos.

Unificación e interpretación de las reglas de contabilidad

Se le concede esta facultad a la Superintendencia de Sociedades, en los siguientes términos: “Unificar e interpretar las reglas de contabilidad a que deben sujetarse las sociedades comerciales sometidas a su inspección, vigilancia y control.”

Nos parece que esa autorización sobrepasa el espíritu de la Ley 1314 porque afecta el debido proceso y desvirtúa la labor del Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP).

Curiosamente, hasta ahora la Superintendencia de Sociedades ha sido el supervisor más cercano al CTCP y ha sido respetuosa de sus opiniones, coordinando con el ente normalizador sus posiciones sobre criterios técnicos. Pero esto se ha dado por la visión de los funcionarios responsables del proceso y no precisamente por la regulación.

Entendemos que el objetivo tal vez sea estandarizar criterios y manejos contables, pero en un modelo basado en principios, imponer reglas contradice el enfoque, puede generar discrepancias importantes con las posiciones del CTCP y puede crear conflictos con otros supervisores. Creemos que lo que se debe buscar es la coordinación y no la imposición, fortaleciendo grupos como la Comisión Intersectorial y el Super 10. No debe olvidarse que la facultad de interpretación de la Superintendencia según la Ley 1314 es subsidiaria a la normatividad técnica.

El problema podría solucionarse confirmando esa subsidiaridad y dándole mayores atribuciones a la Comisión Intersectorial.

Nueva certificación del revisor fiscal

Continúa la tendencia normativa de imponer al revisor fiscal de manera persistente nuevas responsabilidades de certificación, que lo alejan inexorablemente de su función evaluadora y lo acercan cada vez más a una función puramente notarial. En un caso como en el previsto en el  artículo 145 de la propuesta, en relación con la disminución del capital, se pone al revisor fiscal prácticamente en una función de control previo, como ocurre con la mayoría de certificaciones, porque si no certifica, no se puede inscribir la reducción, dándole poder de veto a la acción administrativa. A nuestro parecer, este tipo de “funciones apéndice” no generan valor y sí comprometen la independencia del revisor fiscal, especialmente en asuntos puramente administrativos.

Fácilmente podría salir en cualquier momento una obligación de que, para inscribir una sociedad en la Cámara de Comercio, el revisor fiscal certifique que la plata del capital está físicamente, o que para inscribir al personal en una caja de compensación, el revisor fiscal garantice que los empleados sí tienen contrato de trabajo.

Por circunstancias como esta, es que pensamos que gran parte de la responsabilidad en la inoperancia de la revisoría fiscal, es del Estado. No somos más importantes para la sociedad por el volumen de certificaciones emitidas, sino por la calidad del trabajo efectuado.

Facultades de suspensión y remoción del revisor fiscal

Aunque en sí mismas, estas facultades son válidas y ya las tienen otros supervisores, como es el caso de Superfinanciera, la forma de redacción en la propuesta pone en la misma bolsa al revisor fiscal y a los administradores, cuando son funciones totalmente diferentes.

Si estas sanciones son impuestas por incumplir las órdenes de la Superintendencia, las leyes o los estatutos, no puede prejuzgarse el incumplimiento como una responsabilidad del revisor fiscal, porque él no tiene atribuciones ejecutivas. Lo máximo que puede hacer es informar, pero no puede ordenar. La propuesta no incluye ninguna salvedad para decidir estas sanciones e incluso tampoco prevé consecuencias distintas para ambos tipos de funcionarios, puesto que la sanción, además de multas y remoción, incluye la inhabilitación para ejercer el comercio durante 10 años, lo cual no parece ser congruente con las responsabilidades del revisor fiscal, que debería ser sujeto de una investigación de la Junta para determinar si debe ser sometido a sanciones disciplinarias.

Lo correcto sería que se indique en el articulado que, en el caso del revisor fiscal, la sanción es aplicable cuando él no haya informado a la dirección de la entidad o a la Superintendencia, según corresponda.

Eliminación de los artículos 49 a 60 del Código de Comercio

Es claro que no basta con las disposiciones de los marcos técnicos normativos de información financiera, porque ellos están dirigidos a la presentación de información financiera y no a la contabilidad.

Entendemos que el CTCP ha reactivado el Comité Técnico del Sistema Documental Contable, pero si este proyecto se vuelve norma antes de que el CTCP efectúe el debido proceso y se emita el decreto correspondiente, se corre el riesgo de generar un vacío jurídico porque ni siquiera hay claridad sobre los artículos vigentes del Decreto 2649 de 1993, a pesar de que este asunto se ha discutido en los entes estatales relacionados con esta materia durante bastante tiempo.

Estamos de acuerdo en que la regulación cuya derogatoria se propone es obsoleta y debe reestructurarse, pero debe tenerse cuidado con el impacto que un desajuste en la oportunidad de la expedición normativa podría generar.

Modificaciones de los artículos 203 a 207 del Código de Comercio

Esta es la sección más polémica y el centro de este escrito. A continuación, expresamos nuestros comentarios, unos de carácter general y otros de carácter específico:

Comentarios generales

Falta de objetivos claros

Como lo planteamos al inicio, nos parece que no hay claridad en lo que pretende la propuesta. Parece un conjunto de medidas aisladas, que no obedecen a un análisis profundo del estado de la revisoría fiscal para proponer soluciones. No hay una indicación del modelo, ni de los objetivos, ni de la naturaleza ni del deber ser de esta figura. Esto vuelve la propuesta inconexa y contradictoria, como lo veremos en el análisis detallado.

¿Qué es la revisoría fiscal?

Resulta verdaderamente sorprendente que, en 88 años de existencia regulatoria, aún no contemos con una definición legal del término. Este es el origen de las posiciones tan polarizadas que hay en el país, y que fluctúan entre considerarla como una actividad de fiscalización pura, y una de aseguramiento puro.

Un proyecto serio debe partir de este punto. No basta con la doctrina, porque en un punto como este, la doctrina es ampliamente contradictoria.

Nuestro punto de vista es que, tal como está la normatividad actual, es una mezcla entre fiscalización y auditoría. Ninguno de los dos extremos está apoyado por la regulación actual. No se puede considerar que sea solo fiscalización, porque se exige una opinión sobre estados financieros y eso es, sin lugar a duda, aseguramiento. Tampoco es puramente aseguramiento porque la mayoría de las funciones incluidas en el artículo 207 del Código de Comercio son fiscalización. Esta falta de aceptación de la realidad normativa sigue estando presente en los actores que están discutiendo esta propuesta y mientras no se acepte esta realidad, lo que se decida complicará el ejercicio.

Otra cosa es cuál debería ser la definición. Esto cambiaría significativamente el ejercicio, pero no es materia de este artículo.

¿Cuál es la naturaleza de la revisoría fiscal?

Es algo que tampoco se toca en esta propuesta ni está en la regulación actual. Igualmente hay diversos puntos de vista, algunos claramente excluyentes sobre este tema. Hay quienes consideran que es un órgano societario, otros que es una institución, otros que es un servicio profesional y algunos más que es un órgano de control externo, por mencionar solo varios entre muchos puntos de vista. El no tener clara la naturaleza contribuye a la confusión sobre la forma de prestar el servicio y sobre el proceso técnico que debe seguirse, entre otras cosas.

Como para nosotros la revisoría fiscal es una mezcla de modelos, no creemos que sea un órgano societario, así sea esta una posición con argumentación jurídica. Esto, por cuanto considerarlo de esa manera afecta la independencia y lo incluye en la estructura empresarial, lo cual riñe con la obligación de opinar de manera independiente. En el aseguramiento, la independencia no puede ser relativa.

¿Para quién debe ser la revisoría fiscal?

Cuando se trata de la regulación sobre la materia, cada vez la balanza se inclina más a responder esta pregunta en el sentido de que la revisoría fiscal parece ser primariamente para el Estado. Decimos esto porque el poner cada vez más y más obligaciones de certificación, conduce a cubrir cada vez más las responsabilidades del Estado.

Puede alegarse que no, que estas exigencias son para proteger a la sociedad. Pero la realidad es que estas obligaciones se imponen cuando el regulador, al diseñar la normatividad, se pregunta cómo se asegurará de que lo que está exigiendo sea cumplido por los obligados. Siempre concluye que es el revisor fiscal el que debe cumplir esta tarea, así que el Estado se ha convertido en el principal usuario del servicio.

Les hemos preguntado a varios colegas que ejercen la revisoría fiscal, qué porcentaje de su tiempo se va en certificar, incluyendo obligaciones con la DIAN y otras obligaciones legales. La mayoría ha contestado que el tiempo usado en estos asuntos les toma entre el 70% y el 90% del tiempo disponible. Se podrá decir que eso es no planear bien el trabajo, o que eso es porque no hacen nada más sino firmar cosas, pero la verdad, es que así se planee bien el trabajo, la única forma de dedicar la mayor proporción del tiempo a cumplir las verdaderas responsabilidades profesionales, es cobrando honorarios que serían impagables por las empresas. En consecuencia, la única forma de ejercer en las condiciones actuales es sencillamente incrementando el riesgo profesional.

Es la realidad a la que nos enfrentamos los que ejercemos y no hablo solamente de los independientes o de las firmas pequeñas. Esto afecta incluso a las grandes firmas, o si no, miremos cuántos procesos se están desarrollando hoy contra socios de las firmas internacionales.

Comentarios específicos

La sola consideración de los puntos que hemos mencionado atrás, que apenas son indicativos porque hay más elementos generales materia de discusión (como la permanencia, la cobertura, la remuneración, etc.), es suficiente para concluir que las modificaciones planteadas no atacan el fondo del problema.

Sin embargo, hacemos un breve análisis de las situaciones específicas planteadas en la propuesta:

Quiénes deben tener revisoría fiscal

La obligatoriedad propuesta luce arbitraria y esto ocurre precisamente porque esos asuntos generales que tocamos atrás no están considerados. Si pensamos en la generación de confianza pública, la decisión que se está tomando deja de lado la obligatoriedad de la función en ciertos tipos de entidades que son muy vulnerables a este fenómeno. Por ejemplo, se está descartando todo el sector no lucrativo. Cabe preguntarse si será porque este sector no es vigilado por Supersociedades. A nuestro modo de ver, las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) constituyen un grupo de organizaciones que cada vez tienen un mayor impacto en la economía, y que en muchos casos utilizan dinero de donantes sobre cuyo uso no hay suficiente monitoreo.

Consideramos que, si pensamos en el interés social más que en el estatal, estas entidades deberían, bajo determinados parámetros, contar con revisoría fiscal.

Hablamos de unas condiciones arbitrarias, porque lo que se está haciendo es simplemente doblando los topes incluidos en la actual Ley 43 de 1990, pero restringiendo la obligatoriedad solo a los comerciantes. ¿Cuál es el sustento técnico para concluir que la relación activo-ingresos debe ser 1,67 a 1? ¿Por qué 10.000 o 6.000 salarios mínimos?

Si bien es evidente que la exigencia de revisoría fiscal para muchos entes hoy no es costeable y su beneficio puede ser discutible, consideramos que la definición de los sujetos debe hacerse con bases cuantitativas y cualitativas, pero eso depende de tener claros los aspectos generales mencionados atrás.

A pesar de lo anterior, sí es bueno mencionar que consideramos un acierto exigir que todos los revisores fiscales apliquen las NIA, puesto que esto unifica los criterios técnicos para ejercer la revisoría fiscal, a pesar de que este criterio parece contradecirse en la propuesta, como lo mencionaremos luego.

Elección

Nos parece acertado que se limite el número de revisorías fiscales por profesional a cargo, porque esto obliga a las firmas, en especial a las pequeñas, a ampliar su estructura técnica. Lo que no vemos claro es por qué 5, ni cómo se garantiza la supervivencia de la firma si se limita el número y se incrementan los costos del servicio, en un ambiente de competencia fratricida como es el que caracteriza la profesión hoy.

Por otra parte, aceptando que por ser una responsabilidad más amplia que la auditoría financiera se quiera recabar en el régimen de incompatibilidades, a pesar de que el Código de Ética del IESBA es bastante extenso en exigencias y hace parte de la normatividad legal, creemos que usar la misma terminología existente hoy y que genera confusiones, es desaprovechar una oportunidad de aclarar este punto.

Los propuestos numerales 3 y 4 del artículo 205 del Código, indican al referirse a las incompatibilidades:

3. Quienes desempeñen en la misma compañía o en sus subordinadas cualquier otro cargo.

  1. Quien haya sido elegido como revisor fiscal, no podrá desempeñar en la misma sociedad ni en sus subordinadas cargo alguno durante el período respectivo.”

La palabra “cargo” insinúa que ser revisor fiscal es un “cargo”, lo cual en realidad no es cierto, si se considera que es un profesional independiente. Más bien lo que debería indicarse es qué actividades profesionales simultáneas son incompatibles con la revisoría fiscal, porque a nuestro modo de ver, no todas lo son.

Periodo

Entendemos que se pretende darle estabilidad al revisor fiscal. Pero la propuesta de permanencia de 5 años sin derecho a reelección resulta bastante polémica. Es claro que el revisor fiscal hoy en día se encuentra absolutamente desprotegido y es una maravillosa oportunidad para impedir su remoción libre sin argumentos. Hoy un revisor fiscal puede ser removido sin que se indemnice por el periodo restante del contrato, lo cual vuelve el contrato inane y genera una presión (amenaza de intimidación) sobre el ejercicio, so pena de ser despedido.

Pero hacer una propuesta tan rígida, limitando el ejercicio a 5 años y sin posibilidad de remoción anticipada, puede resultar contraproducente. Por un lado, no es tan fácil para una entidad configurar el incumplimiento, así que sería la otra cara de la moneda. Si el revisor fiscal no resulta eficiente, pero no es fácil configurar su incumplimiento, la entidad tendría que soportarlo 5 años. Adicionalmente, el cerrar el mercado 5 años saca de competencia a las demás firmas, independientemente de que puedan prestar un mejor servicio.

Lo anterior, porque no queda claro si la prohibición de permanecer más de 5 años se limita a la persona natural o a la firma. En línea con lo que acabamos de expresar, si es a la firma, obligar a una rotación cada 5 años, algo que ni siquiera se exige en el Código de Ética del IESBA, resulta discutible, sobre todo para las PYMES. Si se trata de la remoción de la persona natural, sí es conveniente porque contrarresta las amenazas de familiaridad y abogacía.

Finalmente, es discutible indicar que el revisor fiscal depende de la asamblea de accionistas. La asamblea lo nombra, pero no puede considerarse que es su jefe, porque de ser así, la misma asamblea podría resultar coaccionando su labor. Esto se podría volver crítico en el caso de las SAS, muchas de las cuales tienen un solo accionista. El revisor fiscal, en la práctica, resultaría recibiendo órdenes del dueño, afectando seriamente su independencia.

Artículo 207

Es una lástima que solamente se hagan maquillajes al texto de estos artículos. Ya el CTCP había hecho una propuesta sobre una reglamentación de las funciones contenidas en él, que aparentemente ha sido ignorada en este proyecto. Los cambios sugeridos son muy poco significativos y no solucionan para nada la problemática. Para no alargar este texto, solamente mencionaré de manera general los problemas de la redacción actual que no se solucionan con la propuesta.

  • Debe de informar. Esta obligación debería estar en función del plan, pero de esto no se menciona nada. En estas circunstancias, persiste el eterno problema de que una irregularidad ocurrida no informada automáticamente meta en líos el revisor fiscal. Es ir al síntoma, pero no al origen.
  • Deber de colaborar. Esta función es tal vez la que más ha afectado el desempeño como ya lo explicamos. La colaboración debería contextualizarse y circunscribirse a las materias propias de la profesión, pero se ha dejado la misma redacción existente.
  • Deber de inspeccionar. Es una función de fiscalización que también aparece inconexa en un ejercicio técnico. La inspección es una prueba técnica existente en el aseguramiento, pero en función de la valoración del riesgo de auditoría y la definición del enfoque y alcance del trabajo. En un contexto de revisoría fiscal, también debería ser parte de su estrategia de revisoría y no una obligación flotante, porque en la propuesta no aparece ni la motivación, ni la frecuencia ni la oportunidad, dejando a la interpretación de la autoridad del momento estos elementos.
  • Deber de dictaminar. Se debe reconocer que por lo menos se eliminó el término “autorizar” que resultaba inconveniente. Pero guarda silencio sobre dictámenes distintos al cierre del ejercicio. Además, si el dictamen, como se incluye en un artículo propuesto posterior, se debe preparar de acuerdo con las NIA o NAGA, sobra hacer referencia a la abstención de opinión, porque esta es sola una posibilidad entre las 4 que hay en cuanto a la opinión sobre los estados financieros.

Artículo 208

Es una lástima perder la oportunidad de ajustar este artículo a las normas de aseguramiento. Es cierto que el Decreto 302 de 2015, compilado luego en el Decreto 2420 del mismo año, generó mucha polémica al exigir la aplicación de las ISAE (NIEA en español) para cierto tipo de trabajos de revisoría fiscal. Pero es innegable que esta exigencia es una tendencia mundial y países como Australia, Canadá y Estados Unidos han generado normatividad para aplicar aseguramiento no financiero. Al usar la misma terminología obsoleta, la propuesta elimina de un tajo el avance que se había logrado y borra de un plumazo el uso de los ISAE por el revisor fiscal.

Volvemos a la misma exigencia anacrónica para el revisor fiscal de pronunciarse sobre una serie de asuntos que no son claros y no se sabe qué alcance tienen ni cuál es el sustento técnico.

Además, se indica que el criterio para dictaminar son las NAI o las NAGA, incurriendo en una contradicción con el propuesto artículo 203-1, donde se indica que “el revisor fiscal deberá ser contador público y aplicar las normas técnicas, entre otras, las de Aseguramiento de la Información, así como las demás disposiciones que correspondan.”

Ojalá reine el buen juicio y se aproveche esta oportunidad para hacer cambios que tengan un efecto positivo, tanto en la calidad del ejercicio, como en la proporcionalidad de las responsabilidades, aunque la historia no nos da mucho margen de optimismo.

Fuente: Daniel Sarmiento Pavas. *

*Socio Director ACS-SMS Colombia. Expresidente JCC, ex consejero CTCP.

2 comentarios sobre “¿Son las actuales propuestas de modificación de la revisoría fiscal lo que realmente se necesita en Colombia?

  • el 29 mayo, 2019 a las 5:41 pm
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    Estoy completamente de acuerdo con el colega Daniel Sarmiento. Como es conocido Colombia es un o de los pocos países donde el Gobierno nos pauta lo que tenemos que hacer en cuanto a la Revisoria Fiscal y otros responsabilidades de los Contadores Públicos. Auncuando puede ser largo el camino yo considero que ya es el momento de independizar la Profesión y que nosotros somos los que tenemos que promulgar nuestros Procedimientos. Adiciono un aspecto parecido y son las arbitrariedades de la Junta Central de Contadores que está enviando funcionarios a visitar a los Contadores Públicos para Revisar si tiene Papeles de trabajo, programas,etc , lo cual se excede de su responsabilidad.

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