Secretaría de Hacienda no es competente para multar a parqueaderos

La Secretaría Distrital de Hacienda no es la responsable de fijar tarifas ni multar a los parqueaderos de la ciudad. Así lo aclaró tajantemente el secretario de Hacienda, Ricardo Bonilla González, al salirle al paso a algunas informaciones equivocadas difundidas en un debate sobre el tema en el Concejo, y según las cuales, la entidad no estaría cumpliendo con esa función cuando realmente no es un asunto de su competencia.  Continuar…

Nuevo beneficio tributario: Morosos de impuestos distritales con deudas anteriores al 2010, podrán obtener 80% de descuento

La oportunidad irá hasta el 26 de septiembre de 2013.

La Secretaría de Hacienda Distrital señaló que las personas que tengan deudas con sus impuestos prediales, de vehículos e Industria y Comercio en Bogotá, anteriores al año 2010, podrán acogerse a un descuento de hasta el 80% en las sanciones generadas y sus respectivos intereses, pagando la totalidad de su deuda antes del 26 de septiembre. Continuar…

Conozca el calendario tributario del distrito capital

Disposición aplicable a partir del 1 de enero de 2011. Los contribuyentes autorizados por la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá, podrán declarar y pagar los impuestos distritales, mediante el uso de los medios electrónicos adoptados para el efecto.

En todo caso, los contribuyentes de los impuestos: predial unificado, sobre vehículos automotores e industria y comercio, avisos y tableros que opten por uno u otro mecanismo, deberán observar las fechas límites que han sido establecidas para cada uno de los impuestos. La presentación y pago de las declaraciones tributarias deberá efectuarse en los bancos, entidades financieras y demás entidades autorizadas y contratadas para el efecto en el Distrito Capital.

Resolución 556 / 2010-12-30 / Secretaría de Hacienda de Bogotá D.C.

“Por la cual se establecen los lugares, plazos y descuentos para la presentación de las declaraciones tributarias y el pago de los Impuestos administrados por la Dirección Distrital de Impuestos”

EL SECRETARIO DISTRITAL DE HACIENDA

En uso de las facultades que le confieren los artículos 16 y 130 del Decreto Distrital 807 de 1993, actualizado por el Decreto 422 de 1996 y el parágrafo 30 del artículo 1 y el parágrafo 3 de artículo 8 del Acuerdo No. 26 del 29 de diciembre de 1998,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. La presentación y pago de las declaraciones tributarias deberá efectuarse en los bancos, entidades financieras y demás entidades autorizadas y contratadas para el efecto en el Distrito Capital.

PARÁGRAFO PRIMERO: Los contribuyentes autorizados por la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá, podrán declarar y pagar los impuestos distritales, mediante el uso de los medios electrónicos adoptados para el efecto.

En todo caso, los contribuyentes de los impuestos: predial unificado, sobre vehículos automotores e industria y comercio, avisos y tableros que opten por uno u otro mecanismo, deberán observar las fechas límites establecidas en la presente resolución para cada uno de los impuestos.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las solicitudes para corregir las declaraciones tributarias, disminuyendo el valor a pagar a que se refiere el artículo 20 del Decreto Distrital 807 de 1993, deben presentarse ante la Secretaría Distrital de Hacienda, Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá.

PARÁGRAFO TERCERO: El Director Distrital de Impuestos, podrá autorizar en casos excepcionales, la presentación y pago de las declaraciones tributarias en la Dirección Distrital de Tesorería.

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS

ARTÍCULO SEGUNDO. Plazos para declarar y pagar. Los contribuyentes y/o agentes retenedores del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros, declararán y pagarán en los formularios establecidos por la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá, por cada bimestre del año 2011, en las siguientes fechas:

BIMESTRE

HASTA EL DIA

Enero – Febrero

Marzo 18,

Marzo – Abril

Mayo 19,

Mayo – Junio

Julio 19,

Julio – Agosto

Septiembre 16,

Septiembre – Octubre

Noviembre 18,

Noviembre – Diciembre

Enero 19 de 2012,

PARÁGRAFO: Los contribuyentes y/o agentes retenedores que presenten y paguen, en forma electrónica, la totalidad de la declaración del impuesto de industria y comercio y/o retenciones del mismo impuesto, tendrá como plazo máximo para el cumplimiento de la obligación tributaria el último día hábil del mes siguiente al correspondiente período gravable, de lo contrario, declararán y pagarán en los plazos generales establecidos en el presente artículo.

ARTÍCULO TERCERO. Plazos para declarar y pagar el impuesto de industria, comercio, avisos y tableros por parte de los contribuyentes del régimen simplificado. Los contribuyentes del régimen simplificado del impuesto de industria, comercio, avisos y tableros deben cumplir con la obligación de declarar y pagar el impuesto por el año gravable 2011, a más tardar el 17 de febrero de 2012.

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

ARTÍCULO CUARTO. Plazos para declarar y pagar. Los contribuyentes del impuesto predial unificado deberán presentar y pagar una declaración por cada predio, por el año gravable 2011, a más tardar el 1 de julio del mismo año.

PARÁGRAFO. Los contribuyentes del impuesto predial unificado, que declaren y paguen la totalidad del impuesto liquidado por el año gravable 2011 a más tardar el 6 de mayo del mismo año, tendrán derecho a un descuento del 10% del impuesto a cargo.

ARTÍCULO QUINTO. Plazos para pagar el impuesto predial unificado de los contribuyentes que se acojan al sistema simplificado de pago. Los contribuyentes del impuesto predial unificado de predios que se encuentren dentro de los rangos y estratos establecidos para el sistema simplificado de pago, deberán cumplir con la obligación de pago por cada predio, por el año gravable 2011 a más tardar el 1 de julio del mismo año.

PARÁGRAFO 1°. Los contribuyentes del impuesto predial unificado de predios que se encuentren dentro de los rangos y estratos establecidos para el sistema simplificado de pago, que paguen la totalidad del impuesto liquidado por el año gravable 2011 a más tardar el 13 de mayo del mismo año, tendrán derecho a un descuento del 10% del impuesto a cargo.

PARÁGRAFO 2°. Los contribuyentes propietarios o poseedores de los predios que pueden tributar por el sistema simplificado de pago que opten por autoavaluar de conformidad con la normativa general vigente del impuesto predial unificado, deben presentar las declaraciones dentro de los plazos establecidos en el artículo anterior.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

ARTÍCULO SEXTO. Plazos para declarar y pagar. Los propietarios o poseedores de vehículos automotores matriculados en Bogotá D.C., deberán presentar y pagar simultáneamente la declaración del impuesto sobre vehículos automotores correspondiente al período gravable 2011, a más tardar el 17 de junio del mismo año.

El cumplimiento de la obligación de declarar y pagar a que se refiere el inciso anterior comprende la declaración y pago de los derechos de tránsito correspondientes al año gravable 2011 que por parte de la Secretaría Distrital de la Movilidad o la entidad que la remplace o sustituya de conformidad con el Acuerdo 257 de 2006, se determinen pagar mediante este formulario.

El pago de los impuestos y derechos mencionados en el presente artículo deberá realizarse simultáneamente con la presentación de la declaración.

PARÁGRAFO PRIMERO. Los contribuyentes del impuesto sobre vehículos automotores que declaren y paguen simultáneamente la totalidad del impuesto liquidado por el año gravable 2011, a más tardar el 1 de abril del mismo año, tendrán derecho a un descuento del 10% del impuesto a cargo.

OTROS IMPUESTOS

ARTÍCULO SEPTIMO. Plazos para declarar y pagar el impuesto de delineación urbana. Los contribuyentes del impuesto de delineación urbana en el Distrito Capital de Bogotá, deberán presentar y pagar la declaración del impuesto dentro del mes siguiente a la finalización de la obra o al último pago o abono en cuenta de los costos y gastos imputables a la misma o al vencimiento del término de la licencia incluida su prórroga, lo que ocurra primero.

PARÁGRAFO. Plazos para declarar y pagar retención en la fuente a título de anticipo del impuesto de delineación urbana. Los contribuyentes del impuesto de delineación urbana, para la expedición de la correspondiente licencia, deberán acreditar ante el respectivo curador la presentación y pago de la declaración de retención en la fuente a título de anticipo de delineación urbana.

ARTÍCULO OCTAVO. Plazos para declarar y pagar retención en la fuente del impuesto predial unificado. Los notarios como agentes retenedores del impuesto predial unificado, deberán presentar la declaración y pagar la totalidad del impuesto recaudado a título de retención en la fuente en la Dirección Distrital de Tesorería, dentro de los quince (15) primeros días calendario del mes siguiente al período objeto de la declaración.

ARTÍCULO NOVENO. Plazos para declarar y pagar el impuesto unificado de fondo de pobres, azar y espectáculos, Los contribuyentes del impuesto unificado de fondo de pobres, azar y espectáculos, deberán presentar una declaración de la totalidad del impuesto generado durante cada mes, dentro de los veinte (20) primeros días calendario del mes siguiente al período objeto de la declaración o a la ocurrencia del hecho generador.

PARÁGRAFO 1°. Plazos para declarar y pagar la retención y/o anticipo del impuesto unificado de fondo de pobres, azar y espectáculos. Los operadores de espectáculos públicos que se encarguen de la venta de las boletas de espectáculos públicos, deberán presentar y pagar en forma mensual la declaración de retención del impuesto unificado de fondo de pobres, azar y espectáculos, en la que se incluyan las retenciones equivalentes al cien por ciento (100%) del impuesto generado sobre las boletas vendidas dentro del respectivo mes, dentro de los quince (15) primeros días calendario del mes siguiente al período objeto de la retención.

Los contribuyentes del impuesto unificado de fondo de pobres, azar y espectáculos, que vendan en forma directa la boletería para los espectáculos públicos, así como quienes realicen rifas promocionales, deberán presentar una declaración de retención y/o anticipo del impuesto unificado de fondo de pobres, azar y espectáculos, en la que se incluya el valor del anticipo contemplado en el parágrafo 1′ del artículo 1 ° del Acuerdo 399 de 2009, como requisito previo para la expedición del permiso que deba expedir la autoridad competente.

PARAGRAFO 2°. La presentación y pago de las declaraciones tributarias correspondientes al impuesto unificado de fondo de pobres, azar y espectáculos, así como la declaración de retenciones y la declaración y pago del anticipo del impuesto unificado de fondo de pobres, azar y espectáculos, deberá efectuarse en las entidades bancarias autorizadas.

ARTÍCULO DÉCIMO. Plazos para pagar la participación del Distrito Capital en el impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado, de procedencia nacional. Los contribuyentes del impuesto al consumo de cigarrillos y tabacos elaborado de producción nacional deberán pagar quincenalmente en la Dirección Distrital de Tesorería, dentro de los cinco (5) primeros días calendario siguiente al vencimiento del período gravable.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Plazos para declarar y pagar el impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado de procedencia extranjera. Los contribuyentes del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado de procedencia extranjera declararán y pagarán el impuesto al consumo en el momento de la importación, a órdenes del Fondo – Cuenta de Impuesto al Consumo de Productos Extranjeros.

Sin perjuicio de lo anterior, los importadores o distribuidores deberán presentar una declaración ante la Secretaría Distrital de Hacienda – Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá, en el momento de la introducción de los productos al Distrito Capital. En igual forma se procederá frente a las mercancías introducidas a zonas de régimen aduanero especial.

Para los fines del inciso anterior, se entiende como momento de introducción de los productos al Distrito Capital el correspondiente a la fecha límite para la legalización de la tornaguía que ampara el ingreso de los productos para consumo.

Cuando la bodega o sitio de almacenamiento del importador se encuentre ubicada en el Distrito Capital, el momento de introducción de los productos será la fecha en que se autoriza el levante de la mercancía.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Plazos para declarar y pagar el impuesto al consumo de cerveza, sifones y refajos de producción nacional. Los productores nacionales de cervezas, sifones y refajos, deberán presentar y pagar, ante la Dirección Distrital de Tesorería, una declaración mensual del impuesto al consumo de cervezas, sifones y refajos, dentro de los quince (15) días calendario siguientes al vencimiento de cada período gravable.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Plazos para declarar y pagar el impuesto al consumo de cervezas, sifones y refajos de procedencia extranjera. Los importadores y distribuidores de cervezas, sifones y refajos de producción extranjera declararán y pagarán el impuesto al consumo en el momento de la importación, a órdenes del Fondo – Cuenta de Impuestos al Consumo de Productos Extranjeros.

Sin perjuicio de lo anterior, los importadores o distribuidores, deberán presentar una declaración ante la Secretaría Distrital de Hacienda – Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá, en el momento de la introducción de los productos al Distrito Capital. En igual forma se procederá frente a las mercancías introducidas a zonas de régimen aduanero especial.

Para los fines del inciso anterior, se entiende como momento de introducción de los productos al Distrito Capital el correspondiente a la fecha límite para la legalización de la tornaguía que ampara el ingreso de los productos para consumo.

Cuando la bodega o sitio de almacenamiento del importador se encuentre ubicada en el Distrito Capital, el momento de introducción de los productos será la fecha en que se autoriza el levante de la mercancía.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. Plazos para declarar y pagar el impuesto de loterías foráneas. Las loterías foráneas u operadores autorizados de las mismas, que circulen y vendan billetes o fracciones de lotería en la jurisdicción del Distrito Capital, con excepción de la Lotería de Cundinamarca y la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, deberán presentar y pagar el impuesto de loterías foráneas ante la entidad financiera que autorice el Fondo Financiero Distrital de Salud de Bogotá D.C., para el recaudo de la misma, dentro de los diez (10) primeros días hábiles de cada mes, sobre el impuesto generado en el mes inmediatamente anterior.

PARAGRAFO. El Fondo Financiero Distrital deberá remitir copias de las declaraciones presentadas por concepto del impuesto de loterías foráneas a la Secretaría Distrital de Hacienda – Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá – a más tardar el último día hábil de cada mes.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. Plazos para declarar y pagar las retenciones efectuadas sobre el impuesto sobre premios de loterías. Las loterías responsables y operadores autorizados de las mismas en su calidad de agentes retenedores del impuesto sobre premios de loterías causados a favor del Distrito Capital, deberán presentar y pagar la declaración de retención del impuesto sobre premios de loterías ante el Fondo Financiero Distrital de Salud de Bogotá D.C., dentro de los diez (10) primeros días hábiles de cada mes, sobre el impuesto generado en el mes inmediatamente anterior.

PARÁGRAFO. El Fondo Financiero Distrital deberá remitir copias de las declaraciones de retenciones del impuesto sobre premios de loterías presentadas a la Secretaría Distrital de Hacienda – Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá – a más tardar el último día hábil de cada mes.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. Plazos para declarar y pagar el impuesto de publicidad exterior visual. Los contribuyentes del impuesto de publicidad exterior visual, deberán presentar la declaración y pagar ante la Dirección Distrital de Tesorería, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del registro de la valla , emitida por la Secretaría Distrital de Ambiente.

PARÁGRAFO: Los contribuyentes del impuesto de publicidad exterior visual, que coloquen vallas sin autorización de la Secretaría Distrital de Ambiente, deberán presentar la declaración y pagar ante la Dirección Distrital de Tesorería, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la colocación o instalación de la valla,

SOBRETASA AL CONSUMO DE GASOLINA MOTOR

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO. Plazos para declarar y pagar la sobretasa al consumo de gasolina motor. Los responsables mayoristas cumplirán mensualmente con la obligación de declarar y pagar las sobretasas, en las entidades financieras autorizadas para tal fin, dentro de los dieciocho (18) primeros días calendario del mes siguiente al de causación.

PARÁGRAFO PRIMERO. Los distribuidores minoristas deberán cancelar la sobretasa a la gasolina motor corriente o extra y al ACPM al responsable mayorista, dentro de los siete (7) primeros días calendario del mes siguiente al de la causación.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Para el caso de las ventas de gasolina o ACPM que no se efectúen directamente a las estaciones de servicio, la sobretasa la pagará al responsable mayorista en el momento de la causación. En todo caso se especificará al distribuidor mayorista el destino final del producto para efectos de la distribución de la sobretasa respectiva.

PARÁGRAFO TERCERO. Cuando los subdistribuidores o los distribuidores minoristas, transportadores o expendedores al detal no justifiquen debidamente la procedencia del combustible que transporten o expendan, cumplirán mensualmente con la obligación de declarar y pagar la sobretasa, en las entidades financieras autorizadas para tal fin, dentro de los siete (7) primeros días calendario del mes siguiente al de causación.

ESTAMPILLAS

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. Plazos para declarar y pagar la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas “50 años.” y las estampillas “Pro Cultura” y “Pro Personas Mayores”. La Dirección Distrital de Tesorería de la Secretaría Distrital de Hacienda, los órganos y entidades del nivel central por los pagos y retenciones que realicen directamente, los establecimientos públicos y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, declararán y pagarán mensualmente las retenciones practicadas por concepto de la “Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años”, para el año 2011 en las fechas que se establecen en el presente artículo.

Las entidades que conforman el Presupuesto Anual del Distrito Capital de Bogotá, declararán y pagarán mensualmente las retenciones practicadas por concepto de la “Estampilla pro-cultura” y “Estampilla Pro personas mayores” para el año 2011 en las siguientes fechas:

PERÍODO GRAVABLE

FECHA

Enero

Febrero 11

Febrero

Marzo 11

Marzo

Abril 8,

Abril

Mayo 11

Mayo

Junio 10,

Junio

Julio 8,

Julio

Agosto 11

Agosto

Septiembre 9

Septiembre

Octubre 7,

Octubre

Noviembre 11

Noviembre

Diciembre 9

Diciembre Enero

12 de 2012′

PARÁGRAFO. Las declaraciones de las Estampilla “Pro Cultura”, “Pro Personas Mayores”, y “Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años”, deberá presentarse ante la Dirección Distrital de Tesorería.

La consignación de los valores retenidos por concepto de las Estampillas “Pro Cultura”, “Pro Personas Mayores” y “Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años ” se puede realizar directamente en la Dirección Distrital de Tesorería en forma simultánea con la presentación de la declaración, o en la cuenta de ahorros No. 256-83514-1 del Banco de Occidente , a nombre de la Dirección Distrital de Tesorería , evento en el cual debe anexar a la declaración copia de la consignación.

Para el caso de las declaraciones presentadas por la Dirección Distrital de Tesorería , se anexará el acta de ingreso de la retención de los pagos efectuados por las entidades del nivel central.

ARTÍCULO DECIMO NOVENO.- Vigencia. La presente Resolución rige a partir del primero (1°) de enero del año 2011.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D.C., a los 30 días del mes de diciembre del año 2010

ROBERTO DE LA PAVA ABAD
Secretario Distrital de Hacienda (E)

Reajustan valor absoluto a pagar por cada unidad comercial adicional del sector financiero por concepto del impuesto de industria, comercio, avisos y tableros

Conforme con el artículo 101 del Acuerdo 21 de 1983, el Secretario Distrital de Hacienda, mediante Resolución que deberá expedir antes del 31 de diciembre del respectivo año gravable, elevará el valor absoluto en pesos correspondiente al pago por unidades comerciales adicionales, este valor se reajustará anual y acumulativamente en el cien por ciento del incremento porcentual del índice de precios al consumidor, que corresponde elaborar al Departamento Administrativo Nacional de Estadística. De esta forma, el valor a liquidar y pagar por cada unidad comercial adicional de los establecimientos de crédito, instituciones financieras y compañías de seguros y reaseguros que realicen sus operaciones en Bogotá D.C., es de ochenta y dos mil quinientos treinta y un pesos para el 2011.

Resolución 557 / 2010-12-30 / Secretaría de Hacienda de Bogotá D.C.

“Por medio de la cual se reajusta el valor absoluto anual a pagar por cada unidad comercial adicional del sector financiero por concepto del impuesto de industria, comercio, avisos y tableros, para el año gravable 2011″

EL SECRETARIO DISTRITAL DE HACIENDA (E)

En uso de las facultades que le confieren el artículo 101 del Acuerdo 21 de 1983, el artículo 47 del Decreto Distrital 352 del 15 de agosto de 2002, y

CONSIDERANDO

Que el artículo 209 del Decreto Ley 1333 de 1986, estableció un pago adicional al impuesto de industria y comercio a los establecimientos de crédito, instituciones financieras y compañías de seguros y reaseguros, por cada oficina comercial adicional, señalando que los valores absolutos en pesos mencionados en este artículo, se elevarán anualmente en un porcentaje igual a la variación del índice general de precios debidamente certificado por el DANE.

Que conforme con el artículo 101 del Acuerdo 21 de 1983, el Secretario Distrital de Hacienda, mediante Resolución que deberá expedir antes del 31 de diciembre del respectivo año gravable, elevará el valor absoluto en pesos correspondiente al pago por unidades comerciales adicionales, este valor se reajustará anual y acumulativamente en el cien por ciento (100%) del incremento porcentual del índice de precios al consumidor, que corresponde elaborar al Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en el período comprendido entre el primero (1) de octubre del año anterior al gravable y el 30 de septiembre del año inmediatamente anterior a éste.

Que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, certificó que el incremento porcentual del índice de precios al consumidor del primero (1°) de octubre de 2009 al treinta (30) de septiembre de 2010, fue de DOS PUNTO TREINTA Y CINCO POR CIENTO (2.35%).

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO.- El valor a liquidar y pagar por cada unidad comercial adicional de los establecimientos de crédito, instituciones financieras y compañías de seguros y reaseguros que realicen sus operaciones en Bogotá D.C., es de ochenta y dos mil quinientos treinta y un pesos ($82.531) M./Cte., cifra que se aplicará para cada uno de los seis bimestres gravables del año 2011.

ARTICULO SEGUNDO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los 30 días del mes diciembre del año 2010.

ROBERTO DE LA PAVA ABAD
Secretario Distrital de Hacienda (E)

Forman parte de la base gravable la totalidad de ingresos obtenidos por el contribuyente salvo los exceptuados por la Ley


Los contribuyentes con inversiones en títulos, bonos, etc, obligados a utilizar sistemas especiales de valoración de sus portafolios de inversiones, deben denunciar como valor patrimonial en su declaración de renta y complementarios, de acuerdo con el art. 272 del Estatuto Tributario, el valor de las mismas correspondiente al sistema especial de valoración utilizado, que usualmente es diferente al contable.
Para efectos fiscales los rendimientos de dicho portafolio de inversiones tiene el mismo tratamiento. Según lo establecido por el artículo 272 del ETN, las inversiones deben declararse por el costo fiscal, para quienes llevan sistemas especiales de valoración será el valor obtenido al aplicar el respectivo método. De esta forma, se infiere que forman parte de la base gravable la totalidad de ingresos obtenidos por el contribuyente salvo los exceptuados por la ley. Al aplicar dicho método de valoración de inversiones se puede generar un “ingreso” contable o en caso contrario un “gasto” contable. Por tanto, en la declaración de renta ese “ingreso” no se denuncia como tampoco el “gasto”, pues los mismos son valores que se quedan como “cifras contables no fiscales” en la conciliación de la renta contable y la fiscal pues obedece a una utilidad no realizada.

DE: SUBDIRECCIÓN JURÍDICO TRIBUTARIA
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTA – DIB
PARA: FUNCIONARIOS
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTA – DIB
TEMA: IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO AVISOS Y TABLEROS
SUBTEMA: SISTEMAS ESPECIALES DE VALORACION DE INVERSIONES

De acuerdo con el artículo 30 del Decreto Distrital 545 del 29 de diciembre de 2006, compete a este Despacho interpretar de manera general y abstracta la aplicación de las normas tributarias distritales, manteniendo la unidad doctrinal de la Dirección Distrital de Impuestos.

En este concepto estudiaremos si los ingresos generados por valoración de inversiones para los contribuyentes obligados a utilizar sistemas especiales de valoración en sus portafolios de inversiones, se encuentran gravados con el impuesto de Industria y comercio, avisos y tableros.

Los contribuyentes con inversiones en títulos, bonos, etc, obligados a utilizar sistemas especiales de valoración de sus portafolios de inversiones, deben denunciar como valor patrimonial en su declaración de renta y complementarios, de acuerdo con el art. 272 del Estatuto Tributario, el valor de las mismas correspondiente al sistema especial de valoración utilizado, que usualmente es diferente al contable. Para efectos fiscales los rendimientos de dicho portafolio de inversiones tiene el mismo tratamiento.

Según lo establecido por el artículo 272 del ETN, las inversiones deben declararse por el costo fiscal, para quienes llevan sistemas especiales de valoración será el valor obtenido al aplicar el respectivo método:

Artículo 272. Valor de las acciones, aportes, y demás derechos en sociedades. Las acciones y derechos sociales en cualquier clase de sociedades o entidades deben ser declarados por su costo fiscal, ajustado por inflación cuando haya lugar a ello. (Subrayado fuera de texto – derogado art 78 ley 1111 de 2006)

Para los contribuyentes obligados a utilizar sistemas especiales de valoración de inversiones, de acuerdo con las disposiciones expedidas al respecto por las entidades de control, el valor patrimonial será el que resulte de la aplicación de tales mecanismos de valoración. Este mismo valor constituirá la base para aplicar los ajustes por inflación” (Subrayado fuera de texto – derogado art 78 ley 1111 de 2006))

Ahora entraremos a considerar lo estipulado en el artículo 27 del Estatuto Tributario Nacional con el objetivo de establecer el momento de realización de los ingresos:

ART.27 Realización del ingreso. Se entienden realizados los ingresos cuando e reciben efectivamente en dinero o en especie, en forma que equivalga legalmente a un pago o cuando el derecho a exigirlos se extingue por cualquier otro modo legal distinto al pago, como en el caso de las compensaciones o confusiones. Por consiguiente, los ingresos recibidos por anticipado, que correspondan a rentas no causadas, sólo se gravan en el año o periodo gravable en que se causen.

Se exceptúan de la norma anterior:

Los ingresos obtenidos por los contribuyentes que llevan contabilidad por el sistema de causación. Estos contribuyentes deben denunciar los ingresos causados en el año o periodo gravable, salvo lo establecido en este estatuto para el caso de negocios con sistemas regulares de ventas a plazos o por instalamentos;

Los ingresos por concepto de dividendos, y de participación de utilidades en sociedades de responsabilidad limitada o asimiladas, se entienden realizados por los respectivos accionistas, socios, comuneros, asociados, suscriptores o similares, cuando les hayan sido abonados en cuenta en calidad de exigibles;

Los ingresos provenientes de la enajenación de bienes inmuebles, se entienden realizados en la fecha de la escritura pública correspondiente, salvo que el contribuyente opte por acogerse al sistema de ventas a plazos.

La anterior normativa transcrita guarda armonía y razonabilidad con las normas contables en particular los artículos 12 y 61 Inversiones, contenidos en el Decreto 2649 de 1993, por el cual se reglamentó los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia en cuanto establece:

Art. 12. Realización. Solo pueden reconocerse hechos económicos realizados. Se entiende que un hecho económico se ha realizado cuando quiera que pueda comprobarse que, como consecuencia de transacciones o eventos pasados, internos o externos, el ente económico tiene o tendrá un beneficio o un sacrificio económico, o ha experimentado un cambio en sus recursos, en uno y otro caso razonablemente cuantificables.

Art. 61. Inversiones. Las inversiones están representadas en títulos valores y demás documentos a cargo de otros entes económicos, conservados con el fin de obtener rentas fijas o variables, de controlar otros entes o de asegurar el mantenimiento de relaciones con estos.

Cuando representan activos de fácil enajenación, respecto de los cuales se tiene el propósito de convertirlos en efectivo antes de un año, se denominan inversiones temporales. Las que no cumplen con estas condiciones se denominan inversiones permanentes.

El valor histórico de las inversiones, el cual incluye los costos ocasionados por su adquisición tales como comisiones, honorarios e impuestos, una vez reexpresado como consecuencia de la inflación cuando sea el caso, debe ser ajustado al final del período al valor de realización, mediante provisiones o valorizaciones.

Para este propósito se entiende por valor de realización de las inversiones de renta variable, el promedio de cotización representativa en las bolsas de valores en el último mes y, a falta de este, su valor intrínseco.

No obstante, las inversiones en subordinadas, respecto de las cuales el ente económico tenga el poder de disponer que en el período siguiente le transfieran sus utilidades o excedentes, deben contabilizarse bajo el método de participación, excepto cuando se adquieran y mantengan exclusivamente con la intención de enajenarlas en un futuro inmediato, en cuyo caso deben contabilizarse bajo el método de costo.
Teniendo en cuenta la naturaleza de la partida y la actividad del ente económico, normas especiales pueden autorizar o exigir que estos activos se reconozcan o valúen a su valor presente.

PARAGRAFO. Cuando la contabilización de una inversión, conforme a este articulo, deba cambiarse de método, los efectos de tal cambio deben reconocerse prospectivamente.

Tenemos que la base gravable del impuesto de industria y comercio, en el Distrito Capital de Bogotá de conformidad con lo establecido en el artículo 42 del decreto distrital 352 de 2002, está constituida por:

” …los ingresos netos del contribuyente obtenidos durante el período. Para determinarlos, se restará de la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios, los correspondientes a actividades exentas y no sujetas, así como las devoluciones, rebajas y descuentos, las exportaciones y la venta de activos fijos.

Hacen parte de la base gravable, los ingresos obtenidos por rendimientos financieros, comisiones y en general todos los que no estén expresamente excluidos en este artículo.

Parágrafo primero. Para la determinación del impuesto de industria y comercio no se aplicarán los ajustes integrales por inflación.

Parágrafo segundo. Los contribuyentes que desarrollen actividades parcialmente exentas o no sujetas, deducirán de la base gravable de sus declaraciones, el monto de sus ingresos correspondiente con la parte exenta o no sujeta. “

De la anterior normativa, se infiere que forman parte de la base gravable la totalidad de ingresos obtenidos por el contribuyente salvo los exceptuados por la ley.

Al aplicar dicho método de valoración de inversiones se puede generar un “ingreso” contable (cuenta 4218 en el PUC) o en caso contrario un “gasto” contable (cuenta 5313 en el PUC). Por tanto, en la declaración de renta ese “ingreso” no se denuncia como tampoco el “gasto”, pues los mismos son valores que se quedan como “cifras contables no fiscales” en la conciliación de la renta contable y la fiscal pues obedece a una utilidad no realizada.

Por lo anterior, no forman parte de los ingresos gravados con el impuesto de Industria y Comercio, pues no corresponden a un ingreso real derivado de la realización de actividades gravadas, y tampoco constituyen ingresos financieros hasta tanto estos ingresos no se realicen, es decir, cuando las inversiones se vendan, se rediman o cuando sobre las mismas se decreten dividendos, situaciones en las cuales el ingreso así obtenido se realiza, por consiguiente es susceptible de incrementar el patrimonio, momento en el cual estará gravado con el mencionado impuesto.

Tratamiento en materia del impuesto de industria y comercio de actividades gravadas, con destino a zonas francas.


La legislación aduanera Colombiana tiene una definición especial con el objeto de conceder beneficios en materia aduanera y de impuestos nacionales que no es de aplicación para los impuestos territoriales.

De tal suerte que de lo aquí expuesto concluimos que las ventas efectuadas desde el territorio aduanero nacional, a zonas francas no pueden ser consideradas como exportación, para efectos del impuesto de industria y comercio, por cuanto las zonas francas ubicadas dentro del territorio del Distrito Capital no tienen tratamiento preferencial en materia territorial que las clasifique como de territorio extranjero y solamente ostenta este tratamiento preferencial en materia aduanera y tributario nacional, por consiguiente todas las ventas que se realicen a zonas francas serán objeto de gravamen.

Ver Concepto 1206 / 2011-03-15 / Secretaria Distrital de Hacienda de Bogotá

PARA: FUNCIONARIOS DIRECCION DE IMPUESTOS DE BOGOTA
DE: ANA MARIA BARBOSA RODRIGUEZ
Subdirectora Jurídica Tributaria
ASUNTO: INDUSTRIA Y COMERCIO AVISOS Y TABLEROS
ZONAS FRANCAS
FECHA: 15 de marzo de 2011

De acuerdo con el artículo 30 del Decreto Distrital 545 del 29 de diciembre de 2006, compete a este Despacho interpretar de manera general y abstracta la aplicación de las normas tributarias distritales, manteniendo la unidad doctrinal de la Dirección de Impuestos de Bogotá DIB.

TEMA 1: Tratamiento en materia del impuesto de industria y comercio de actividades gravadas, con destino a zonas francas.

TESIS JURIDICA

Las ventas efectuadas desde el territorio nacional a zonas francas no son exportaciones y constituyen ingresos gravados con el impuesto de industria y comercio, por cuanto el tratamiento contemplado mediante la Ley 1004 de 2005 y el Decreto 383 de 2007 consistente en considerar como de fuera del territorio nacional a las zonas francas para efectos de los tributos aduaneros y tributarios nacionales aplicables a las importaciones y exportaciones[1], no se hace extensivo a los impuestos de carácter territorial, por lo que no es posible extender los beneficios otorgados por la ley en materia nacional a los impuestos locales por expresa prohibición constitucional consagrada en el artículo 294[2]

INTERPRETACION JURIDICA

Con el ánimo de establecer si las operaciones realizadas dentro de la jurisdicción de Bogotá con las Zonas Francas Aduaneras se encuentran gravadas con el impuesto de Industria y comercio, teniendo en cuenta que estas zonas tienen tratamiento especial para sus usuarios, empezaremos por precisar algunos conceptos que la ley tributaria y aduanera dispone en esta materia y posteriormente analizaremos esta normativa frente al impuesto territorial.

Marco Legal

Las zonas francas fueron creadas en Colombia mediante la Ley 105 de 1958, con el objeto de facilitar el comercio exterior, como establecimientos públicos, con personería jurídica y patrimonio propio y tenían por objeto la prestación de un servicio público sin ánimo de lucro, todas las mercancías y materias primas que ingresaran a zona franca que fueran transformadas, ensambladas, modificadas, envasadas., manufacturadas etc., solamente podían salir de esta zona con destino a la exportación o a la importación para ser usadas o consumidas en el territorio nacional con excepción de los artículos de prohibida importación. Lo anterior exento de pago de impuestos, contribuciones o gravámenes nacionales, departamentales y municipales.

Posteriormente, la Ley 109 de 1985 creó el estatuto de las zonas francas definiéndolas como establecimientos públicos del orden nacional con personería jurídica autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscritas al Ministerio de Desarrollo Económico, cuyo objeto era prestar un servicio y no perseguía ánimo de lucro. Esta ley definió de manera general, las actividades permitidas en las zonas francas, las exenciones de impuestos como incentivos tributarios en materia de impuestos nacionales y derogó la ley anterior excepto su artículo 1° que define el concepto de zona franca, igualmente derogó la ley 47 de 1981 por medio de la cual se expidió el estatuto orgánico de las zonas francas industriales y comerciales, es importante resaltar que derogó la exención contenida en el artículo 4 de la ley 105 de 1958 respecto de los impuestos departamentales y municipales.

La anterior normativa dispuso los preceptos legales en esta materia hasta la promulgación de la Ley 1004 de 2005 mediante la cual se estableció un régimen especial con el objeto de estimular la inversión y derogó la Ley 109 de 1985.

La Ley 1004 de 2005 y el Decreto 383 de 2007, en sus artículos 392-4 y 396 establecen el tratamiento a la zona franca de territorio extraterritorial para efectos de impuestos aduaneros y tributarios nacionales, así:

Artículo 392-4. Alcance del régimen aduanero. Los bienes que se introduzcan a las Zonas Francas Permanentes por parte de los usuarios, se considerarán fuera del Territorio Aduanero Nacional para efectos de los tributos aduaneros aplicables a las importaciones e impuestos a las exportaciones.

Artículo 396. Exportación definitiva. Se considera exportación definitiva, para efecto de los beneficios previstos en el Estatuto Tributario, la introducción a Zona Franca Permanente desde el Territorio Aduanero Nacional, de materias primas, partes, insumos y bienes terminados nacionales o en libre disposición, necesarios para el normal desarrollo de su objeto social a favor del usuario operador o Industrial de Bienes y de Servicios, siempre y cuando dicha mercancía sea efectivamente recibida por ellos.

Las exportaciones temporales que se realicen desde el resto del Territorio Aduanero Nacional a Zona Franca, con el objeto de someter el bien a un proceso de perfeccionamiento por un usuario, no tendrán derecho a los beneficios previstos para las exportaciones definitivas.

La introducción en el mismo estado a una Zona Franca Permanente de mercancías de origen extranjero que se encontraban en libre disposición en el país, no se considera exportación.
Tampoco se considera exportación el envío de bienes nacionales o en libre disposición a Zona Franca desde el resto del territorio nacional a favor de un usuario comercial.

Ahora bien, para revisar en contexto y armónicamente las zonas francas en el ámbito territorial es preciso traer a colación definiciones que no se encuentran establecidas por las leyes que regulan el impuesto de Industria y comercio pero que se encuentran definidas por otras leyes así como lo dispone el Código de Procedimiento Civil [3], por consiguiente, revisaremos las definiciones a la luz de las normas que rigen la materia en impuestos nacionales y aduaneros.

Normativa Vigente (LEY 1004 DE 2005)

La ley 1004 de 2005, los Decretos 2685 de 1999 que modifica la legislación aduanera y 383 de 2007 mediante el cual se modificó el Decreto 2685 de 1999 y reglamentó el régimen de Zonas Francas Permanentes y Transitorias, observando para el efecto, los parámetros establecidos en dicha ley (1004 de 2005), definen a la zona franca como:

… “el área geográfica delimitada dentro del Territorio Aduanero Nacional, en donde se desarrollan actividades industriales de bienes y de servicios, o actividades comerciales, bajo una normatividad especial en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior. Las mercancías ingresadas en estas zonas se consideran fuera del territorio aduanero nacional para efectos de los impuestos a las importaciones y a las exportaciones.” (Destacado fuera del texto)

Igualmente, establece que las zonas francas tienen como finalidad ser instrumento para la creación de empleo, para la captación de nuevas inversiones de capital, promover la competitividad en las regiones donde se establezcan, desarrollar procesos industriales altamente productivos y competitivos bajo los conceptos de seguridad, transparencia, tecnología, producción limpia y buenas prácticas empresariales, promover la generación de economías de escala y simplificar los procedimientos del comercio de bienes y servicios, para facilitar su venta.

EXPORTACION[4]

Es la salida de mercancías del territorio aduanero nacional con destino a otro país. También se considera exportación, además de las operaciones expresamente consagradas como tales en este decreto, la salida de mercancías a una zona franca en los términos previstos en el presente decreto.

TERRITORIO ADUANERO NACIONAL [5]

Demarcación dentro de la cual se aplica la legislación aduanera; cubre todo el territorio nacional, incluyendo el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el segmento de la órbita geoestacionaria, el espectro electromagnético y el espacio donde actúa el Estado colombiano, de conformidad con el derecho internacional o con las leyes colombianas a falta de normas internacionales.

En forma complementaria, el artículo 261 del Decreto 383 de 2007 definió el término de exportación de la siguiente manera:

ARTICULO 261. EXPORTACIÓN.

Es la salida de mercancías del territorio aduanero nacional con destino a otro país. También se considera exportación, además de las operaciones expresamente consagradas como tales en este Decreto, la salida de mercancías a una Zona Franca Industrial de Bienes y de Servicios, en los términos previstos en el presente Decreto.

Una vez aclarados los términos anteriores, revisaremos los elementos estructurales del Impuesto de Industria y comercio

Frente a los conceptos trascritos es preciso señalar que los mismos, de manera expresa desarrollan la definición, alcance y tratamiento de ciertas zonas ubicadas dentro del territorio nacional, para efectos de tributos del orden nacional, esto es para los impuestos a las importaciones y exportaciones, es decir, frente al impuesto sobre las ventas y a los derechos aduaneros.

Para efectos aduaneros y de comercio exterior, la zona franca es considerada como un área extraterritorial dentro del territorio aduanero nacional, por tanto la zona franca es considerada como si fuera otro país, pero claramente la zona franca forma parte de Colombia, siendo necesario darle un alcance de extraterritorialidad para unos fines particulares y concretos. Cuáles son esos fines?: El manejo de las importaciones y las exportaciones.

En materia de importaciones la normativa pretende que cuando en una zona franca se reciban productos del exterior se consideren como si todavía permaneciera en el país de origen y solamente hasta cuando esta mercancía salga de la zona franca con destino al resto del territorio nacional se convierta en una importación y por tanto solo hasta en ese momento se adelante el proceso de nacionalización y pago de tributos nacionales correspondientes que permitan su ingreso legal al país de tal suerte que las mercancías de origen extranjero pueden ingresar y permanecer o ser transformadas en zona franca, sin estar aún sujetas al régimen tributario nacional; en materia de exportaciones la finalidad es que cuando el producto ingrese a la zona franca es como si estuviera entrando a otro país o se estuviera enviando a otro país desde el territorio nacional y por tanto recibe el mismo tratamiento aduanero que recibiera si entrara en un puerto.

En otras palabras, la creación de las zonas francas, corresponde a una ficción legal que establece a parte del territorio nacional como fuera de él para efecto de operaciones de comercio exterior y en consecuencia la definición de exportación prevista en las disposiciones hasta aquí citadas, en lo que tiene que ver con ventas hacia zonas francas, tiene alcance exclusivo para los fines que fueron creadas.

Por su parte la Constitución Política establece:

ARTICULO 226. El Estado promoverá la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional.

ARTICULO 294. La ley no podrá conceder exenciones ni tratamientos preferenciales en relación con los tributos de propiedad de las entidades territoriales. Tampoco podrá imponer recargos sobre sus impuestos salvo lo dispuesto en el artículo 317.

Hechas las anteriores precisiones y teniendo en cuenta que en virtud del principio de autonomía territorial consagrado en el artículo 287 de la Carta Política, especialmente frente a la administración de sus recursos, al legislador no se le permite consagrar exenciones sobre impuestos de carácter territorial, menos aún lo puede hacer una entidad nacional de orden administrativo. Las exenciones de impuestos de propiedad territorial son competencia exclusiva de los municipios y distritos, y por lo tanto, si no existe norma territorial que haya definido en forma expresa este tema, no puede suplirse con normas de carácter nacional[6], máxime cuando los impuestos territoriales gozan de protección constitucional. Las disposiciones expuestas anteriormente tienen connotación para los impuestos nacionales y contemplan tratamientos preferentes en materia aduanera e impositiva nacional, ya que, de acuerdo al artículo 294 de la Constitución Política, la decisión sobre las exenciones o tratamientos preferenciales en relación con tributos de propiedad de los entes territoriales es de competencia exclusiva de los municipios, sin perjuicio de la limitación consagrada en el artículo 38 de la Ley 14 de 1983, según el cual: “los municipios sólo podrán otorgar exenciones de impuestos municipales por plazo limitado, que en ningún caso excederá de diez años, todo de conformidad con los planes de desarrollo municipal.”

ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

El Decreto Distrital 352 de 2002, en su artículo 32 al definir el hecho generador del impuesto de industria y comercio, estableció:

Artículo 32. Hecho generador.

El hecho generador del impuesto de industria y comercio está constituido por el ejercicio o realización directa o indirecta de cualquier actividad industrial, comercial o de servicios en la jurisdicción del Distrito Capital de Bogotá, ya sea que se cumplan de forma permanente u ocasional, en inmueble determinado, con establecimientos de comercio o sin ellos.”

Por su parte el artículo 42 de la norma en comento, sobre la base gravable establece:

Artículo 42. Base gravable.

El impuesto de industria y comercio correspondiente a cada bimestre, se liquidará con base en los ingresos netos del contribuyente obtenidos durante el período. Para determinarlos, se restará de la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios, los correspondientes a actividades exentas y no sujetas, así como las devoluciones, rebajas y descuentos, las exportaciones y la venta de activos fijos. (se resalta)

Hacen parte de la base gravable, los ingresos obtenidos por rendimientos financieros, comisiones y en general todos los que no estén expresamente excluidos en este artículo.

Parágrafo primero. Para la determinación del impuesto de industria y comercio no se aplicarán los ajustes integrales por inflación.

Parágrafo segundo. Los contribuyentes que desarrollen actividades parcialmente exentas o no sujetas, deducirán de la base gravable de sus declaraciones, el monto de sus ingresos correspondiente con la parte exenta o no sujeta. (subraya ajena a texto)

Esta norma compilatoria no hace nada diferente a recoger la descripción legal contemplada en el artículo 154 del Decreto Ley 1421 de 1993, “Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá”, normativa que de manera propia y preferente establece lineamientos en materia de Industria y Comercio para el Distrito Capital, pero que igual tampoco se aleja de la descripción que para el resto del país se encuentra regulada en el artículo 33 de la Ley 14 de 1983.

De lo anterior tenemos que la base gravable del tributo la conforman la totalidad de ingresos ordinarios y extraordinarios menos las deducciones de ley, que perciba un contribuyente por el ejercicio de una actividad gravada en jurisdicción de Bogotá D.C.. La única deducción posible para el caso que nos ocupa es la deducción o no sujeción por concepto de exportaciones.

Concatenando todas las normas transcritas tenemos que los sujetos pasivos del impuesto deberán tributar sobre la totalidad de los ingresos netos que se perciban en ejercicio de una actividad industrial, comercial o de servicios en jurisdicción de Bogotá D.C., y las únicas deducciones posibles de realizar, son aquellas que la norma taxativamente señala.

Pues bien, en materia del impuesto de industria y comercio, el legislador le ha dado a las exportaciones una connotación especial , dirigido a dos aspectos claramente definidos por la ley, a saber:

  • Un tratamiento de no sujeción al impuesto de industria y comercio, orientado exclusivamente a la producción nacional de artículos destinados a la exportación y,
  • Un tratamiento de deducción, con el fin depurar la base sobre la cual se deberá liquidar el impuesto de Industria y Comercio.

Pasamos a desarrollar en detalle estos dos aspectos:

NO SUJECIÓN AL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Las No sujeciones consisten en la manifestación expresa que hace el legislador respecto de la exclusión de ciertos individuos o actividades, según el caso, del hecho generador que configura el impuesto. La no sujeción se manifiesta en la no presentación de declaraciones tributarias y el no pago del impuesto.

En materia del Impuesto de Industria y Comercio, la normas tributaria del orden distrital, Decreto 352 de 2002, señala en el literal b) del artículo 39 como actividad no sujeta al impuesto de Industria y Comercio “la producción nacional de artículos destinados a la exportación”.

Por consiguiente y a su tenor, se deben conjugar dos elementos esenciales para que se tipifique la no sujeción, pues no basta con la producción de artículos sino es requisito sine qua non, que se destinen a la exportación.

Dejamos claro que la no sujeción estudiada, recae exclusivamente en la producción (de artículos destinados a la exportación), entendido, según el Diccionario de la Lengua Española como “…fabricar, elaborar cosas útiles..” y definida en el artículo 33 del Decreto 352 de 2002 así:

ART: 33.- Actividad Industrial. Es actividad industrial, la producción, extracción, fabricación, manufactura, confección, preparación, reparación, ensamblaje de cualquier clase de materiales y bienes y en general cualquier proceso de transformación por elemental que éste sea.”

Traduce lo anterior, que los sujetos que se encuentre de manera exclusiva dentro de esta premisa (no sujeción), no serán sujetos del impuesto de Industria y Comercio en el Distrito Capital y en consecuencia ni lo declararán ni lo pagarán, en la medida en que toda la producción sea exportada.

Deducción

En acápites anteriores se dijo que la base gravable del tributo la conforman la totalidad de ingresos ordinarios y extraordinarios menos las deducciones de ley que perciba un contribuyente por el ejercicio de una actividad gravada en jurisdicción de Bogotá D.C., para el caso en estudio cobra importancia analizar la deducción correspondiente a los ingresos obtenidos por exportaciones.

Obsérvese que la norma establece que las exportaciones, en términos generales, es una de las deducciones del impuesto referido, y no puntualiza que se trate exclusivamente de la producción de bienes destinados a este fin, lo que nos conduce a pensar que puede ser viable que dentro de este concepto queden inmersas las exportaciones de servicios, las cuales al no tener la connotación de no sujeción, reciben el tratamiento de deducibles.

Por tanto el contribuyente al hacer la liquidación del impuesto de industria y comercio, restará de los ingresos ordinarios y extraordinarios los ingresos obtenidos por las exportaciones efectivamente realizadas en el período gravable a declarar.

Ahora, hay que tener en cuenta que para efectos de poder realizar la deducción a que nos estamos refiriendo, los sujetos deben cumplir con todos y cada uno de las formalidades que exigen las normas y entidades que regulan tal situación.

Una vez se legalice la actividad de exportación de bienes o de servicios, el agente que la ejecuta, podrá deducir de la totalidad los ingresos ordinarios y extraordinarios del bimestre, los provenientes del ejercicio de esta actividad.

Así las cosas tenemos que la definición de exportación para fines del impuesto de industria y comercio, es la genérica y real, no la ficción contemplada para tratamiento tributario nacional. En este sentido, la definición de exportación, conforme al diccionario de la Real Academia de la Lengua es “Vender géneros a otro país”, luego para que se configure la exportación de que tratan la Ley 14 de 1983, Decreto Ley 1421 de 1993, Decreto 352 de 2002, el bien o servicio cuyo ingreso se reputa no gravado, es el proveniente de ventas o prestación de servicios con destino a otro país, esto es, fuera de las fronteras del territorio colombiano, fuera de sus límites geográficos.

CONCLUSION

Para concluir tenemos que exportación es la salida de un producto de un determinado país con destino a otro[7], y es esta salida del país la que constituye exportación para efectos del impuesto de industria y comercio.

La legislación aduanera Colombiana tiene una definición especial con el objeto de conceder beneficios en materia aduanera y de impuestos nacionales que no es de aplicación para los impuestos territoriales, de tal suerte que de lo aquí expuesto concluimos que las ventas efectuadas desde el territorio aduanero nacional, a zonas francas no pueden ser consideradas como exportación, para efectos del impuesto de industria y comercio, por cuanto las zonas francas ubicadas dentro del territorio del Distrito Capital no tienen tratamiento preferencial en materia territorial que las clasifique como de territorio extranjero y solamente ostenta este tratamiento preferencial en materia aduanera y tributario nacional, por consiguiente todas las ventas que se realicen a zonas francas serán objeto de gravamen.

TEMA 2. Tratamiento de las actividades industriales, comerciales y de servicios desarrolladas en las zonas francas.

TESIS JURÍDICA.

Las actividades industriales, comerciales y de servicios desarrolladas en zonas francas constituidas en el Distrito Capital, no cuentan con ningún tipo de tratamiento preferencial o exceptivo y en consecuencia en la medida en que constituyan actividades gravadas con el impuesto de industria y comercio, los ingresos derivados de actividades desarrolladas en esa franja del territorio, se encuentran gravadas y los contribuyentes allí constituidos que perciban ingresos en Bogotá por actividades sometidas al impuesto, tributarán a las tarifas que correspondan.

INTERPRETACION JURÍDICA.

Desde su creación, las zonas francas fueron concebidas como un área especial dentro del territorio nacional que goza de tratamientos especiales en materia de comercio exterior, aduanero, cambiario e impositivo en materia de renta e IVA, sin embargo para el resto del mundo, es reconocida como territorio nacional.

La definición de zona franca tiene aplicación en materia tributaria aduanera y de comercio exterior bajo una normativa especial que contempla beneficios para efectos de los impuestos a las importaciones y exportaciones del ámbito nacional[8]:

La ley aduanera definió las diferentes clases de usuarios aduaneros, revisemos las diferentes definiciones según lo contenido en el decreto 383 de 2007:

Artículo 393-14. Usuario operador. El usuario operador es la persona jurídica autorizada para dirigir, administrar, supervisar, promocionar y desarrollar una o varias Zonas Francas, así como para calificar a los usuarios que se instalen en estas.

Parágrafo 1°. La calidad de usuario operador se adquiere cuando la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales expide el acto de autorización.

Artículo 393-19. Usuario industrial de bienes. Es la persona jurídica instalada exclusivamente en una o varias Zonas Francas, autorizada para producir, transformar o ensamblar bienes mediante el procesamiento de materias primas o de productos semielaborados.

Artículo 393-20. Usuario industrial de servicios. Es la persona jurídica autorizada para desarrollar, exclusivamente, en una o varias Zonas Francas, entre otras, las siguientes actividades:

  • Logística, transporte, manipulación, distribución, empaque, reempaque, envase,etiquetado o clasificación.
  • Telecomunicaciones, sistemas de tecnología de la información para captura, procesamiento, almacenamiento y transmisión de datos, y organización, gestión u operación de bases de datos.
  • Investigación científica y tecnológica.
  • Asistencia médica, odontológica y en general de salud.
  • Turismo.
  • Reparación, limpieza o pruebas de calidad de bienes.
  • Soporte técnico, mantenimiento y reparación de equipos, naves, aeronaves o maquinaria;
  • Auditoría, administración, corretaje, consultoría o similares.

Artículo 393-21. Usuario comercial. Es la persona jurídica autorizada para desarrollar actividades de mercadeo, comercialización, almacenamiento o conservación de bienes en una o varias Zonas Francas. Los usuarios comerciales no podrán ocupar, en conjunto, un área superior al veinticinco por ciento (25%) del área total de la respectiva Zona Franca.

De lo anterior tenemos que existen diferentes clases de operadores aduaneros dentro de la zona franca cuyo objetivo general es promover y dinamizar la economía del país, los productos y servicios allí desarrollados en principio serán destinados a la exportación pero subsidiariamente tienen como objetivo el mercado nacional.

Indistintamente de la clase de usuario aduanero que ostente un sujeto, en la medida en que desarrolle actividades gravadas con el impuesto de industria y comercio dentro de la jurisdicción del Distrito Capital será sujeto pasivo de este tributo en Bogotá, es decir las operaciones que realice dentro de la zona franca ubicada en Bogotá se encuentran gravadas con el referido impuesto, las operaciones realizadas en Bogotá con destino a zona franca están gravadas y las operaciones efectuadas desde ésta hacia el resto del territorio nacional igualmente están gravadas en el municipio en el cual se realice el hecho generador.

Una vez precisados los anteriores conceptos, es pertinente enunciar el hecho generador y las actividades que se encuentran gravadas con el impuesto de Industria y comercio las cuales se encuentran en el Decreto Distrital 352 de 2002:

Artículo 32. Hecho generador.

El hecho generador del impuesto de industria y comercio está constituido por el ejercicio o realización directa o indirecta de cualquier actividad industrial, comercial o de servicios en la jurisdicción del Distrito Capital de Bogotá, ya sea que se cumplan de forma permanente u ocasional, en inmueble determinado, con establecimientos de comercio o sin ellos.

Artículo 33. Actividad industrial.

Es actividad industrial, la producción, extracción, fabricación, manufactura, confección, preparación, reparación, ensamblaje de cualquier clase de materiales y bienes y en general cualquier proceso de transformación por elemental que éste sea.

Artículo 34. Actividad comercial.

Es actividad comercial, la destinada al expendio, compraventa o distribución de bienes y mercancías, tanto al por mayor como al por menor y las demás actividades definidas como tales por el Código de Comercio, siempre y cuando no estén consideradas por la ley como actividades industriales o de servicios.

Artículo 35. Actividad de servicio.

Es actividad de servicio, toda tarea, labor o trabajo ejecutado por persona natural o jurídica o por sociedad de hecho, sin que medie relación laboral con quien lo contrata, que genere una contraprestación en dinero o en especie y que se concrete en la obligación de hacer, sin importar que en ella predomine el factor material o intelectual.

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante reiterar que la delimitación efectuada para fines específicos en materia de impuestos, aduaneros y de comercio exterior del ámbito nacional, no son de recibo en el ámbito territorial por la prohibición expresa contenida en el artículo 294 de la Constitución Nacional que se materializa en este caso en que no se le puede dar tratamiento de territorio especial a las zonas francas dentro del contexto local[9].

En lo referente a los impuestos de orden local no gozan de éstos beneficios, ni se le ha dado la categoría a las zonas francas de territorio extraterritorial, es decir para efectos de impuestos territoriales no existe distinción de territorio que las demarque, por consiguiente las zonas francas ubicadas en Bogotá, por constituir una ficción para efectos de tratamiento nacional como antes fue desarrollado, no pierden su calidad de territorio municipal que hace parte de la jurisdicción del Distrito Capital y por ende debe observar y cumplir las leyes y normas que rigen los impuestos y disposiciones locales. Así las cosas, las personas naturales o jurídicas que allí operen y que desarrollen actividades industriales comerciales o de servicios gravadas con el impuesto de Industria y comercio deben cumplir con las obligaciones de declarar y pagar por los ingresos percibidos en desarrollo de sus actividades. En el mismo sentido aquellas personas naturales o jurídicas constituidas en otros entes territoriales, ya sea en el resto del territorio aduanero nacional o extranjeros que obtengan ingresos por operaciones con contribuyentes ubicados en tales zonas, deben tener en cuenta que no existe beneficios ni tratamientos especiales en el ámbito territorial luego los ingresos allí generados se entienden obtenidos en Bogotá y se encuentran gravados con el impuesto de Industria y comercio.

CONCLUSION

La definición de zona franca tiene aplicación en materia tributaria aduanera y de comercio exterior bajo una normativa especial que contempla beneficios para efectos de los impuestos a las importaciones y exportaciones del ámbito nacional, que no es de aplicación para los impuestos territoriales pues no existe norma local que delimite a las zonas francas para concederles tratamientos especiales en materia impositiva territorial y teniendo en cuenta que por disposición constitucional del artículo 294, la ley no puede otorgar tratamientos preferenciales ni exenciones sobre los tributos de propiedad de las entidades territoriales, no se puede dar delimitación de zona franca a una ubicación geográfica dada por la ley para fines impositivos del orden nacional , por consiguiente para fines territoriales las zonas francas pertenecen a la jurisdicción en las cuales se encuentran ubicadas y no son consideradas territorio extraterritorial, es decir para efectos de impuestos territoriales no existe distinción de territorio que las demarque, por consiguiente las zonas francas ubicadas en Bogotá, no pierden su calidad de territorio municipal que hace parte de la jurisdicción del Distrito Capital y los ingresos que allí se generen en desarrollo de actividades industriales, comerciales o de servicios son ingresos gravados con el impuesto de industria y comercio, ya sea que desarrollen de manera permanente u ocasional con o sin establecimiento de comercio.

ANA MARÍA BARBOSA RODRÍGUEZ

Subdirectora Jurídica Tributaria

Fuente: Secretaria Distrital de Hacienda de Bogotá

[1] Artículo 392-4. Alcance del régimen aduanero. Los bienes que se introduzcan a las Zonas Francas Permanentes por parte de los usuarios, se considerarán fuera del Territorio Aduanero Nacional para efectos de los tributos aduaneros aplicables a las importaciones e impuestos a las exportaciones

[2] ARTICULO 294. La ley no podrá conceder exenciones ni tratamientos preferenciales en relación con los tributos de propiedad de las entidades territoriales. Tampoco podrá imponer recargos sobre sus impuesto salvo lo dispuesto en el artículo 317.

[3] “ARTICULO 29.. Las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca claramente que se han formado en sentido diverso.

ARTICULO 30.. El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.

Los pasajes oscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo asunto. “

[4] y 2 Decreto 2685 de 1999

[6] Víd. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Consejera Ponente: Ligia López Díaz, 25 de octubre de 2006, Radicación número: 05001-23-27-000-1998-01487-01(15168).

[7] En economía, una exportación es cualquier bien o servicio enviado a otra parte del mundo, con propósitos comerciales. La exportación es el tráfico legítimo de bienes y/o servicios nacionales de un país pretendidos para su uso o consumo en el extranjero. Las exportaciones pueden ser cualquier producto enviado fuera de la frontera de un Estado. Las exportaciones son generalmente llevadas a cabo bajo condiciones específicas.(tomado de wikipedia)

[8] ART 1 LEY 1004 DE 2005: “el área geográfica delimitada dentro del Territorio Aduanero Nacional, en donde se desarrollan actividades industriales de bienes y de servicios, o actividades comerciales, bajo una normatividad especial en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior. Las mercancías ingresadas en estas zonas se consideran fuera del territorio aduanero nacional para efectos de los impuestos a las importaciones y a las exportaciones.” (Destacado fuera del texto)

[9] ARTICULO 294. La ley no podrá conceder exenciones ni tratamientos preferenciales en relación con los tributos de propiedad de las entidades territoriales. Tampoco podrá imponer recargos sobre sus impuesto salvo lo dispuesto en el artículo 317.

¿Cómo puede determinarse si un impuesto pertenece a la Nación, o a un Ente Territorial?


De conformidad con la sentencia C-219 de 1997, Magistrado ponente, doctor Eduardo Cifuentes Muñoz, se señalaron algunos criterios que permiten determinar si un impuesto pertenece a la Nación, o a un ente territorial.

Estos criterios se dividen en formal, orgánicos y materiales. El primero de ellos, hace referencia a las normas que expresamente crean el tributo y que permiten determinar con facilidad su titular. Cuando este criterio no es suficiente, bien por la proliferación de normas o su vaguedad, el intérprete debe acudir al segundo criterio, el orgánico, según el cual, un impuesto pertenecerá al ente territorial, si sus órganos de representación popular han participado en la determinación de por lo menos uno de sus elementos. Cuando estos dos criterios no resultan suficientes, o siguen existiendo dudas, el intérprete debe determinar si el producto del recaudo del impuesto entra a formar parte del presupuesto del ente territorial para sufragar sus gastos, caso en el cual, la Nación no podrá reputarse titular del mismo, a pesar de que la aplicación de los criterios formal y orgánico se pudiera deducir lo contrario. En el caso de los espectáculos públicos, concurren dos gravámenes. Uno, originado en el artículo 7 de la ley 12 de 1932 y normas complementarias, y, otro, en la ley 1a. de 1967. Si del análisis legislativo que se haga, no resultare posible determinar la propiedad de este impuesto, será necesario acudir a los criterios orgánico y material.

Ver Concepto 1209 / 2011-03-31 / Secretaría de Hacienda de Bogotá

DE: SUBDIRECCIÓN JURÍDICO TRIBUTARIA
DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
PARA: FUNCIONARIOS DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
TEMA: IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS CON DESTINO AL DEPORTE (IMPUESTO NACIONAL)
SUBTEMA: COMPETENCIA DE FISCALIZACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE DETERMINACION OFICIAL E IMPOSICION DE SANCIONES ASOCIADAS AL TRIBUTO

De acuerdo con el artículo 30 del Decreto Distrital 545 del 29 de diciembre de 2006, compete a este Despacho interpretar de manera general y abstracta la aplicación de las normas tributarias distritales, manteniendo la unidad doctrinal de la Dirección de Impuestos de Bogotá DIB.
En el presente concepto haremos una revisión de lo expresado en el concepto 933 del 21 de septiembre de 2001, conforme con la normativa actual:

IMPUESTO DE ESPECTACULOS PUBLICOS CON DESTINO AL DEPORTE (IMPUESTO NACIONAL)

En el concepto 933 de septiembre 21 de 2001, se manifestó:

Dado que existe un impuesto de espectáculos públicos diferente al distrital, al cual nos hemos venido refiriendo, es necesario, distinguirlo del nacional, para evitar confusiones

El impuesto del 10% sobre Espectáculos Públicos con destino a las Juntas Administradoras de Deportes fue creado por el artículo 8º de la Ley 1o. de 1967 por un término de cuatro (4) meses “pro reconstrucción de la Ciudad de Quibdó” sobre el valor de cada boleta personal de entrada a espectáculos públicos de cualquier clase. Dicha ley se hizo permanente y facultó al Gobierno Nacional para reglamentar el recaudo y entrega a las Juntas Administradoras de Deportes.

El artículo 5º de la Ley 49 de 1967 por la cual la Nación coopera a la celebración de los VI Juegos Deportivos Panamericanos ordenó en su artículo 5o. que el recargo del 10% sobre el valor de cada boleta de entrada a espectáculos públicos establecido por el artículo 8o. de la Ley 1o. de 1967, continuaría cobrándose en el territorio del Valle del Cauca durante los años de 1968 a 1972 inclusive. El producto de dicho recargo se debía consignar en la Tesorería General de la República, a órdenes del Comité Organizador de dicho evento deportivo.

La Ley 47 de 1968 en el artículo 4o. hace extensivo a todo el territorio nacional el impuesto de que trata el artículo 5o. de la Ley 49 de 1967 y expresa que el producto de este gravamen será destinado en el Distrito Especial, los departamentos, intendencias y comisarías exclusivamente al fomento del deporte.

Art. 4. El impuesto de que trata el artículo 5º de la Ley 49 de 1967, se hace extensivo a todo el territorio nacional, y el producido del mismo será destinado en el Distrito Especial, los Departamentos, Intendencias y Comisarias, exclusivamente al fomento del deporte, a la preparación de los deportistas, a la construcción de instalaciones deportivas y adquisición de equipos e implementos, en la proporción que se recaudara en cada una de las secciones del país enunciadas”

Por disposición del artículo 6 de esta misma ley el producido de los gravámenes antes mencionados sería invertido en los departamentos del Valle del Cauca y Tolima exclusivamente en la preparación, construcción de obras y realización de los VI Juegos Panamericanos y IX Juegos Nacionales respectivamente.

Por su parte el artículo 9 de la Ley 30 de 1971 hizo extensivo a todo el territorio Nacional el impuesto a que se refiere el artículo 5o. de la Ley 49 de 1967 y lo fijó de manera indefinida en el tiempo, con posterioridad al 31 de diciembre de 1972.

El parágrafo 1o. del artículo 25 de la 49 de 1983 establece que:

“El recaudo de los impuestos a espectáculos públicos de que trata la Ley 47 de 1968, se hará por los recaudadores o tesoreros departamentales, intendenciales, comisariales y del Distrito Especial de Bogotá y se llevará a un fondo especial a ordenes de las respectivas Juntas Administradoras Secciónales de Deportes”.

Las Juntas Secciónales de Deportes son unidades administrativas especiales del orden nacional, dotadas de personería Jurídica y patrimonio propio, subordinadas a los planes y controles del Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte, de acuerdo con la ley 49 de 1983, por medio de la cual se constituyen dichos organismos.

El Decreto 839 de 1984 reglamentario de la Ley 49 de 1983 en su artículo 5o. establece que el recaudo del impuesto de espectáculos públicos se puede efectuar a través de las Tesorerías de las respectivas Juntas Administradoras Secciónales de Deportes, cuando las necesidades del servicio lo requieran, previa solicitud escrita y motivada del Director Ejecutivo Seccional.

La Ley 181 de 1995 por la cual se dictan disposiciones para el fomento del Deporte, en su artículo 77 en lo relacionado con el impuesto a espectáculos públicos a que se refieren la Ley 47 de 1968 y la Ley 30 de 1971 será el 10% del valor de la correspondiente entrada al espectáculo, excluidos los demás impuestos indirectos que hagan parte de dicho valor. Así mismo indica que el responsable del espectáculo lo será también del pago de dicho impuesto.

Artículo 77 Impuesto a espectáculos públicos. El impuesto a espectáculos públicos a que se refieren la Ley 47 de 1968 (2) y la Ley 30 de 1971, será el 10% del valor de la correspondiente entrada al espectáculo, excluidos los demás impuestos indirectos que hagan parte de dicho valor. La persona natural o jurídica responsable del pago de dicho impuesto. La autoridad municipal o distrital que otorgue el permiso para la realización del espectáculo, deberá exigir previamente el importe efectivo del impuesto o la garantía bancaria o de seguros correspondiente la cual será exigible dentro de las 24 horas siguientes a la realización del espectáculo. Este valor efectivo del impuesto, será invertido por el municipio o distrito de conformidad con el artículo 70 de la presente Ley.”

Para corroborar la diferencia entre estos impuestos que nos permitimos transcribir a continuación, las sentencias proferidas por la Corte Constitucional en este sentido:

Sentencia C-185 de 1998

“Esta Corporación, en sentencia C-219 de 1997, Magistrado ponente, doctor Eduardo Cifuentes Muñoz, señaló algunos criterios que permiten determinar si un impuesto pertenece a la Nación, o a un ente territorial. Estos criterios se dividen en formal, orgánico y material.

El primero de ellos, hace referencia a la normas que expresamente crean el tributo y que permiten determinar con facilidad su titular. Cuando este criterio no es suficiente, bien por la proliferación de normas o su vaguedad, el interprete debe acudir al segundo criterio, el orgánico, según el cual, un impuesto pertenecerá al ente territorial, si sus órganos de representación popular han participado en la determinación de por lo menos uno de sus elementos. Cuando estos dos criterios no resultan suficientes, o siguen existiendo dudas, el interprete debe determinar si el producto del recaudo del impuesto entra a formar parte del presupuesto del ente territorial para sufragar sus gastos, caso en el cual, la Nación no podrá reputarse titular del mismo, a pesar de que la aplicación de los criterios formal y orgánico se pudiera deducir lo contrario.

En el caso en estudio, conviene advertir que sobre los espectáculos públicos, concurren dos gravámenes. Uno, originado en el artículo 7 de la ley 12 de 1932 y normas complementarias, y, otro, en la ley 1a. de 1967. Es a éste último al que se refiere la norma demandada, por lo que respecto a él, se analizará su origen y leyes que lo han modificado (criterio formal), para determinar si pertenece a la Nación o a las entidades territoriales. Además, si la Nación ha hecho cesión del mismo.

Si del análisis legislativo que se haga, no resultare posible determinar la propiedad de este impuesto, será necesario acudir a los criterios orgánico y material.

Cuarta.- Origen del impuesto.

En primer lugar, debe observarse que para llegar al origen de la ley que creó el impuesto a los espectáculos públicos de que trata el artículo 39 demandado, y establecer su carácter nacional o territorial, se debe hacer un seguimiento normativo, a partir de la ley a la que el propio artículo 39 remite, precepto que, a su vez, se apoya en otras normas anteriores, en las que ocurre lo mismo.

Es así, como, en el presente caso, será preciso referirse a las siguientes leyes y a los artículos que tocan este asunto :

El artículo 39 de la ley 397 de 1997, que remite al artículo 75 de la ley 2a. de 1976. Esta norma alude a los artículos 8 de la ley 1a. de 1967 y 9 de la ley 30 de 1971. La ley 30 de 1971, artículo 9, hace, a su vez, remisión a los artículos 5 de la ley 49 de 1967 y 4 de la ley 47 de 1968.

En aras de facilitar la comprensión del asunto, se transcribirá sólo lo pertinente de las normas que permiten llegar al origen del impuesto, subrayándose lo correspondiente.

El precepto demandado, artículo 39, inciso primero, de la ley 397 de 1997, señala :

“Artículo 39.- Impuestos de espectáculos públicos e impuestos sobre las ventas. A las exenciones consagradas en el artículo 75 de la ley 2a. de 1976, se adicionan las siguientes”:

El artículo 75 de la ley 2a. de 1976, a su vez, establece:

“Artículo 75.- Estarán exentas del impuesto de espectáculos contemplado en los artículos 8 de la ley 1 de 1967 y 9 de la ley 30 de 1971, las presentaciones de los siguientes”:

El artículo 8 de la ley 1a. de 1967 creó el gravamen a los espectáculos públicos. Esta ley se dictó para proveer a la reconstrucción de las zonas devastadas por el incendio del municipio de Quibdó, ocurrido el 27 de octubre de 1966, y la ayuda a los damnificados. El artículo 8 señaló :

“Ley 1a. de 1967
(…)
“Artículo 8.- Con destino exclusivo a la reconstrucción de la ciudad de Quibdó, establécese en todo el país por el término de cuatro (4) meses, contados a partir de la fecha que el gobierno señale, una cuota de recargo “pro Ciudad Quibdó”, del 10% sobre el valor de cada boleta personal de entrada a espectáculos públicos de cualquier clase. Su producido será consignado en la Tesorería General de la República, a órdenes del “Comité de Coordinación Ciudadana.”

Este gravamen, establecido para todo el territorio nacional, tenía una vigencia de cuatro (4) meses, al cabo de los cuales, la ley 49 de 1967 extendió el cobro del impuesto para el período 1968-1972, sólo en el Valle del Cauca, con el fin de financiar los VI Juegos Panamericanos de Cali y preparar a los deportistas. La ley 47 de 1968, artículo 4o., amplió su cobro a todo el territorio nacional. Señaló el artículo 4o. que “el producido del mismo será destinado en el Distrito Especial, los Departamentos, Intendencias y Comisarías, exclusivamente al fomento del deporte, a la preparación de los deportistas, a la construcción de instalaciones deportivas y adquisición de equipos e implementos, en la proporción que se recaude en cada una de las secciones del país.”

El artículo 9 de la ley 30 de 1971 estableció que seguiría cobrándose el impuesto en forma indefinida, con posterioridad al 31 de diciembre de 1972. Es decir, sin relacionar el impuesto con la realización de los Juegos Panamericanos, pues éstos ya habían pasado.

No obstante la profusión de normas que modificaron este impuesto, originado en la ley 1a. de 1967, lo cierto es que no ha perdido su naturaleza de gravamen nacional, y tampoco ha sido cedido a las entidades territoriales. Cesión que sí ocurrió con el otro impuesto a los espectáculos públicos, creado por la ley 12 de 1932, que fue entregado, expresamente, por la Nación a los municipios y al Distrito Especial (hoy Distrito Capital), por la ley 33 de 1968, artículo 3o., cesión que fue ratificada en el decreto 1333 de 1986, en el artículo 223. Dice este artículo.

“Artículo 223. Es propiedad exclusiva de los Municipios y del Distrito Especial de Bogotá el impuesto denominado “espectáculos públicos”, establecido por el artículo 7o. de la Ley 12 de 1932 y demás disposiciones complementarias.”

En conclusión, como se observa del análisis de las normas que regulan este impuesto, existen dos impuestos a los espectáculos públicos: uno creado por la ley 12 de 1932, y normas que lo modificaron, que pertenece a las entidades territoriales, por cesión expresa que la Nación hizo de él, y, otro, que se originó en la ley 1a. de 1967, el cual es de propiedad de la Nación, tal como se ha explicado, y sobre el que no ha habido cesión.

Quinta.- Competencia del legislador para conceder exenciones sobre impuestos de propiedad de la Nación.

La competencia del legislador para conceder exenciones en relación con los tributos nacionales, tiene base constitucional en el artículo 150, ordinal 12, que lo faculta para establecer las contribuciones fiscales, y en el propio artículo 294 de la Carta, supuestamente vulnerado en concepto del actor, al consagrar, expresamente, la prohibición de que a través de la ley se concedan exenciones sobre tributos de propiedad de las entidades territoriales.

Dicen las normas constitucionales citadas:

“Artículo 150.- Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones”:
(..)
“12.- Establecer las contribuciones fiscales y, excepcionalmente, contribuciones parafiscales en los casos y bajo las condiciones que establezca la ley.”

El artículo 294 establece :

“Artículo 294.- La ley no podrá conceder exenciones ni tratamientos preferenciales en relación con los tributos de propiedad de las entidades territoriales. Tampoco podrá imponer recargos sobre sus impuestos salvo lo dispuesto en el artículo 317.”

En este sentido se pronunció la Corte en la sentencia C-393, del 22 de agosto de 1996:

“Así las cosas, es evidente que en materia de exenciones la Constitución Nacional permite conceder todas aquellas que el legislador de acuerdo con una política económica, social y política, juzgue convenientes, excepto las que recaigan sobre impuestos de propiedad exclusiva de las entidades territoriales (art. 294). Siendo así, no advierte la Corte que la norma acusada vulnere la Constitución por este aspecto, pues la exención decretada no recae sobre impuestos que pertenezcan a las entidades territoriales.” (C-393/96, M.P., doctor Carlos Gaviria Díaz)
(…)
En el presente caso, el legislador estimó que ampliando el número de eventos culturales sobre los que cabe hacer la exención la pago de impuestos, se contribuye al fomento de la existencia de tales actividades. Esta consideración, resulta perfectamente compatible con la Constitución, en especial, con los artículos que hacen referencia a la promoción y fomento al acceso a la cultura (artículo 70) y a la búsqueda del conocimiento y la expresión artística (artículo 71).[1]

Así mismo consideró la Corte Constitucional:

Impuesto a espectáculos públicos.

La ley 181 de 1995 creó el sistema nacional del deporte, la recreación el aprovechamiento del tiempo libre, la educación extraescolar y la educación física. Los entes departamentales, municipales y distritales hacen parte del referido sistema.

La norma acusada (art. 77) señala que el impuesto a los espectáculos públicos a que se refiere la ley 47 de 1968 y la ley 30 de 1971, será equivalente al 10% del valor de las entradas a los espectáculos, y determina que el valor efectivo del impuesto será invertido por el municipio o distrito para atender la responsabilidad de construir, mantener y adecuar los respectivos escenarios deportivos, que le fue asignada por el art. 70 de dicha ley.

Es de anotar que se trata de un tributo de carácter nacional, con incidencia y aplicación en el orden territorial y al cual se le asigna una destinación específica.

Tratándose de un impuesto nacional bien podía la ley establecer su utilización en los propósitos indicados, en virtud de que se propone el desarrollo de una política general del Estado que persigue la satisfacción de un interés público igualmente general.”[2]

Del análisis efectuado a los textos legales citados, se concluye que se trata de dos impuestos diferentes los cuales se cobran sobre la base gravable establecida por cada una de las normas respectivas. Mientras que el primero le corresponde a los municipios y al Distrito Capital de Bogotá, el segundo como ya se anotó, es administrado y recaudado por las Juntas Administradoras Secciónales de Deportes.

De otro lado con relación al régimen sancionatorio y las facultades de fiscalización para los entes territoriales beneficiarios del Impuesto Nacional de Espectáculos Públicos para el Fomento del Deporte los artículos 79 y 80 de la Ley 181 del 18 de enero de 1985, establecen:

Artículo 79. Sanciones. La mora en el pago por el responsable o entrega por el funcionario recaudador de los gravámenes a que se refieren los artículos precedentes causará intereses moratorios a favor del ente correspondiente, a la misma tasa vigente para la mora en el pago del impuesto de renta en Colombia, sin perjuicio de las causales de mala conducta en que incurran los funcionarios públicos responsables del hecho.

Artículo 80. Facultades de fiscalización y control. Los entes territoriales beneficiarios de los gravámenes regulados en los artículos precedentes para los efectos de su control y recaudo, tienen las facultades de inspeccionar los libros y papeles de comercio de los responsables, verificar la exactitud de las liquidaciones y pagos de los impuestos, ordenar la exhibición y examen de libros, comprobantes y documentos de los responsables o de terceros, tendientes a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias correspondientes.

En ejercicio de tales facultades, podrán aplicar las sanciones establecidas en el artículo 79 de esta Ley y ordenar el pago de los impuestos pertinentes, mediante la expedición de los actos administrativos a que haya lugar, los cuales se notificarán en la forma establecida en los artículos 44 y siguientes del Código Contencioso Administrativo. Contra estos actos procede únicamente el recurso de reposición en los términos de los artículos 50 y siguientes del mismo código.”

Si se aprecia claramente los artículos transcritos establecen el procedimiento a seguir, cuando un contribuyente del Impuesto de Espectáculos Públicos para el fomento del deporte presenta algún tipo de inconformidad contra la liquidación efectuada por el ente administrativo encargado del recaudo del citado impuesto, al establecer que contra el acto administrativo (liquidación) que se expida en virtud de las facultades fiscalizadoras concedidas por la misma ley, solamente procede el recurso de reposición en los términos del artículo 50 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

Para finalizar y cabe aclarar que no existe posibilidad alguna de aplicar el procedimiento establecido para efectuar el trámite al recurso de reconsideración, recordemos que la aplicación del Estatuto Tributario Nacional a los Impuestos de Propiedad del Distrito Capital proviene de la autorización concedida en el artículo 162 del Decreto Ley 1421 de 1993, cuando manifestó:

ARTICULO 162. Remisión al estatuto tributario. Las normas del estatuto tributario nacional sobre procedimiento, sanciones, declaración, recaudación, fiscalización, de terminación, discusión, cobro y en general la administración de los tributos serán aplicables en el Distrito conforme a la naturaleza y estructura funcional de los impuestos de éste”.

Así las cosas y teniendo en cuenta que la Ley 181 de 1995, preceptúo el procedimiento seguir en los casos de fiscalización así como su correspondiente régimen sancionatorio y los recursos que proceden contra los actos que se emitan en ejercicio de esa facultad fiscalizadora por parte de los entes territoriales beneficiados con el Impuesto de Espectáculos públicos para el fomento del deporte, simplemente debe concluirse que el trámite que debe darse a una situación como la consultada es el establecido en los artículos 50 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

No obstante lo anterior, la posición adoptada en este concepto, debe ser revaluada por las siguientes razones:

Del análisis conjunto de lo señalado en el artículo 80 de la Ley 185 de 1995 y las facultades otorgadas en el artículo 161 del Decreto Ley 1421 de 1993[3], debe entenderse que la entidad territorial que ejerce el control y recaudo del impuesto de espectáculos públicos con destino al deporte (impuesto nacional), es la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá.

Por otra parte el artículo 66 de la Ley 383 de 1997, expresa:

“(…) ARTICULO 66. ADMINISTRACION Y CONTROL. Los municipios y distritos, para efectos de las declaraciones tributarias y los procesos de fiscalización, liquidación oficial, imposición de sanciones, discusión y cobro relacionados con los impuestos administrados por ellos, aplicarán los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario para los impuestos del orden nacional(…)”.

Conforme lo señalado en el artículo en mención, el procedimiento a seguir en los casos de fiscalización así como su correspondiente régimen sancionatorio y los recursos que proceden contra los actos que emita la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá, en ejercicio de su facultad fiscalizadora frente al Impuesto de Espectáculos públicos para el fomento del deporte, será el señalado en el Estatuto Tributario Nacional, adoptado en el Decreto Distrital 807 de 1993 artículos 80 a 120 y 140 a 170.

Cordial saludo
ANA MARIA BARBOSA RODRIGUEZ
Subdirectora Jurídica Tributaria

[1] Corte Constitucional, Sentencia C-185 del 6 de mayo de 1998.
[2] Corte Constitucional, Sentencia C-495 del 15 de septiembre de 1998.
[3] “ (…) corresponde a la Dirección Distrital de Impuestos, a través de sus dependencias, la gestión, administración, recaudación, fiscalización, determinación, discusión, devolución y cobro de los tributos distritales, así como las demás actuaciones que resulten necesarias para el adecuado ejercicio de las mismas(…)”.

Fuente: Secretaría de Hacienda de Bogotá